Embargada la sede de Educación por el caso Las Teresitas

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha informado en rueda de prensa de que si no se ingresa el dinero adeudada, que en global de todos los condenados asciende a 97 millones de euros más los intereses devengados, el consistorio pasará de la acción civil a la penal "y será pronto".

Ello se debe a que, según la alcaldesa, en este caso ha habido una trama societaria para esconder el patrimonio de los condenados por el caso de Las Teresitas que habría dado lugar a un presunto delito de alzamiento de bienes.

Los edificios afectados son uno alquilado por la Consejería de Educación y por el que abona mensualmente 300.000 euros y el otro es el que pretendía adquirir el Cabildo de Tenerife para destinarlo a uso sociosanitario.

Según denunció este martes Coalición Canaria, el proyecto de presupuestos del Gobierno canario para 2020 incluye una partida de 9 millones de euros destinada a la compra del edificio de la Consejería de Educación en la capital tinerfeña, actualmente alquilado al empresario condenado por el caso de Las Teresitas. Se trataría de la misma sede que ha embargado la Audiencia tinerfeña.

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