Los sindicatos consideran «una chapuza» que las oposiciones sigan adelante pese a las irregularidades

«No es justo de cara a los aspirantes, ya que se tendría que haber anulado todo, y más cuando el proceso se está investigando en la vía judicial. Parece que están premiando a los que han aprobado», opina Manuel González, secretario general de SEPCA.

El trámite fue suspendido de manera cautelar a principios de este mes debido a que solo nueve de las 4.377 personas que se presentaron superaron la prueba. Además, las mejores calificaciones fueron las de dos opositores que guardan parentesco directo con la anterior directora general del área, Águeda Márquez. Ahora, con el levantamiento de la suspensión, se repetirá este primer examen y se designará un nuevo tribunal calificador.

Desde el sindicato aseguran que ya se han puesto en contacto con Función Pública para mostrar su postura. Además, creen que queda «mucho trabajo y aspectos que mejorar». Por ello, para evitar este tipo de situaciones, proponen volver a estar presentes en estos procedimientos como interventores, aspecto que está contemplado en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

Uno de los argumentos que llevó a la dirección general a anular el primer ejercicio fue que numerosos estudiantes no fueron admitidos para realizar la prueba. Para SEPCA, este razonamiento «no es suficiente», ya que los estudiantes presentaron recursos para poder hacerla, pero no se esperó a la resolución de los mismos para celebrar el examen. «Esto no es una chapuza, es lo siguiente. Todo ha sido un despropósito desde el principio», valora González.

La semana pasada, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad publicó la modificación de las bases generales en los procesos de selección de personal de funcionario de carrera, tanto del turno de acceso libre como del de promoción interna, para su consulta pública.

Desde SEPCA celebran esta medida, que había sido negociada en conjunto. «Todo lo que sea agilizar los procedimientos nos parece bien, esperemos que salga cuanto antes, porque tras esta consulta vendrá la negociación con los sindicatos», valora González. Además, celebra que se haya abierto a consulta pública, ya que son los ciudadanos los que tienen que proponer «aspectos que les afectan a ellos».

En este caso, entre las modificaciones se busca que las pruebas finalicen con un curso selectivo o la realización de prácticas profesionales, con el fin de valorar si las personas que aprueban la parte teórica podrán poner en práctica sus conocimientos en el puesto de trabajo al que quieren acceder.