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El actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, era en 2006 consejero de Presidencia y Seguridad del Gobierno de Adán Martín y uno de los actores importantes en la gestión de la crisis de los cayucos. Casi dos décadas más tarde, señala que «se está reproduciendo lo sucedido en aquel momento sin haber aprendido nada».
El peor año que ha vivido Canarias por la llegada de inmigrantes cogió a la comunidad autónoma sin medios, sin personal, sin capacidad de gestión y con un Gobierno central que, en un primer momento, fue ajeno a las necesidades y demandas del archipiélago.
Ruano apunta que «inicialmente, la relación con Madrid fue de polémica y conflicto, pero Adán Martín 'se fajó' y consiguió un mando único en la persona de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega». A partir de ahí, la relación se canalizó a través de ella y el contacto fue «fluido y de respeto».
A su juicio, repite, la coordinación fue fundamental para ir ensamblando distintas actuaciones por parte de administraciones, ONG y otras entidades en el intento de dar respuesta a un fenómeno que desbordó la capacidad de acogida de las islas.
Recuerda que en una entrevista concedida a un periódico nacional, el fallecido presidente Martín «en un momento clave», aseguró que ante la falta de respuesta del Estado, «solo le quedaba acudir al rey». A partir de ahí, hubo una llamada de la Casa Real y «no sé si tuvo algo que ver, pero lo cierto es que las cosas empezaron a cambiar».
Hasta que se produjo «un cierto entendimiento» con Madrid, a nivel personal «se pasó mal, con mucha impotencia porque ves que hay personas que llegan y no puedes atender y, a la vez, en Madrid encuentras algunos interlocutores con sensibilidad, pero otros no tienen ninguna. Pero ninguna es ninguna», dice.
Aún así, acercar posturas no fue fácil, pero se fueron produciendo logros. Uno de ellos fue la visita del Gobierno de España a Mauritania, un viaje en el que Canarias quería participar y Madrid se negaba. Finalmente accedió.
El propio Ruano y Luis Padilla -antes y ahora responsable canario de las Relaciones con África- se sumaron a la comitiva que lideraban el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, y el de Interior, Antonio Camacho.
El Gobierno canario volvió a este país para impulsar las relaciones comerciales y económicas porque, indica Ruano, la colaboración con los países emisores y de tránsito son esenciales.
Desde la comunidad autónoma también se apoyó desde el punto de vista logístico la creación de las unidades marítimas de la Guardia Civil en Noadibú, y se respaldó economicamente a Cruz Roja en la creación de su dispositivo a pie de playa, ejemplos, destaca el exconsejero, de que el trabajo coordinado «siempre da más y mejores resultados».
En cuanto a los medios de acogida, «se tuvieron que crear de la nada» y fueron proporcionados fundamentalmente por el Ministerio de Defensa, tanto en La Isleta como en Los Rodeos, hasta que empezaron las derivaciones al resto del Estado.
En aquel momento también se tomaron decisiones importantes, como la creación de un centro de coordinación regional dirigido por un general de la Guardia Civil o la apertura de embajadas en países donde no existían, como Cabo Verde.
Igualmente fue necesaria la coordinación en política social por la llegada de menores, aunque en menor cantidad que ahora. José Miguel Ruano considera que España, igual que tiene que interesar un acuerdo en la UE, debe hacerlo a nivel interno.
En este sentido, indica que la ley del Menor, que es del año 2000, «está pensada para una situación ordinaria y normal, y sería lógico pensar que si se produce un escenario extraordinario y anormal se deba gestionar de otra manera, con distribución de las responsabilidades por parte del Estado para que los chicos tengan la mejor atención y esta situación esté resuelta».
Lo lamentable del proceso actual, dice, es que «estamos asistiendo a una reproducción exacta de lo que ocurrió en 2006 sin haber aprendido de lo que se hizo entonces». La experiencia, apostilla, «no ha servido para nada».
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