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Intervención alertó a la consejera de que los contratos con la fundación se alejaban «total y absolutamente» de la legalidadLa consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, dictó una orden el pasado mes de febrero en la que informaba que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI prestaba un servicio a «entera satisfacción», a pesar que las numerosas irregularidades detectadas en hasta cinco informes que obraban en su poder desde años atrás. Se trata de los resultados de las inspecciones llevadas a cabo entre 2020 y 2022 por la Fiscalía de Menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común y que aparecen en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la fundación y cuatro de sus directores.
En concreto, el Ministerio Público aprecia la posible comisión de los delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos en la gestión que Siglo XXI realizó al frente de los centros para menores inmigrantes que tenían en Gran Canaria y Lanzarote.
F. J. Fajardo / F. Suárez Álamo
Además de estas inspecciones, Santana obvió el hecho de que la ONG ni siquiera estaba inscrita en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal, un trámite indispensable para aquellas que operan en el ámbito de más de una comunidad autónoma como es el caso. En síntesis, no estaba bajo el Protectorado único de Fundaciones que vela el derecho de fundación, por la legalidad de su constitución y funcionamiento y, además, controla sus cuentas.
Santana, actual consejera en funciones por Unidas Podemos, desoyó todos los informes en contra y avaló a la fundación en una reciente orden de fecha 9 de marzo de 2023 en la que autorizaba el abono a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI de facturas correspondientes a los servicios prestados en diciembre de 2022 por importe de 518.132 euros.
Francisco José Fajardo
Todo ello después de que Intervención Delegada de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud alertara de la nulidad del contrato por la vía de emergencia que suscribieron en 2020 con la ONG para la gestión de los recursos para menores no acompañados. En concreto, detectaron una «efectiva prestación» por parte de Siglo XXI de servicios «realizados a favor de la Administración», pero los mismas fueron efectuados «sin que se hubiera perfeccionado un contrato», lo que hacía «inviable jurídicamente» pagarles las tres facturas que tenían pendientes correspondiente al referido mes de diciembre de 2022 por importe total de 518.132 euros.
Tras el informe de Intervención, la consejera Noemí Santana firmó la orden de «satisfacer el abono del importe efectivo de la prestación» por el llamado «procedimiento de nulidad», un servicio que se efectuó «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la contratación de la gestión de servicio público», es decir, prorrogando en el tiempo de forma sistemática e injustificada un contrato por la vía de emergencia sin convocar un concurso público.
Por este motivo, «que no es imputable» a Siglo XXI –advirtió la consejera–, consideró los expedientes «nulos de pleno derecho» ya que prescindían «total y absolutamente» del procedimiento legal pertinente y ordenó el «cese de inmediato en la tramitación de prórrogas y/o incrementos de créditos de los contratos», así como el inicio de «la contratación de los servicios afectados por esta situación a través de la tramitación ordinaria regulada».
Francisco José Fajardo
Para sustentar la orden del ingreso de los 518.132 euros adeudados a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, Noemí Santana expuso en el documento oficial que esta ONG prestó el servicio «de buena fe» y «a entera satisfacción de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia». Paradójicamente, este último organismo realizó un informe el 10 de junio de 2021 en el que describió a Puerto Bello como un recurso que no reunía las «condiciones óptimas para residir» y con un personal educativo que no se encontraba «cualificado ni preparado para atender a los menores». Por este motivo, propusieron en junio de 2021 su «cierre a la mayor brevedad posible», una clausura que se ejecutó posteriormente.
Además de Infancia y Familia, la consejera que firmó la orden también disponía de las actas de inspección realizadas por Fiscalía de Menores, Defensor del Pueblo y Diputado del Común que, a juicio de Anticorrupción, fueron el «reflejo» de una «irregular, defectuosa, opaca, y desviada gestión económica» de los centros gestionados por la fundación investigada.
Francisco José Fajardo
Todo ello, añade esta parte, con el «indiciario desvío de un dinero vinculado a la superior función pública de la atención integral de los menores» a las «cuentas personales» de los cuatro directores querellados, el «abusivo uso fraudulento efectuado por los directores» de la tarjeta bancaria del centro «para satisfacer gastos personales y comidas en restaurantes», así como la facturación de gastos «en conceptos, a priori, ajenos a la gestión» del recurso.
Estas circunstancias, originaron una «merma en la calidad de la atención integral de los menores», determina Anticorrupción, «en las instalaciones de los centros y en sus estancias».
Un informe de la Consejería de Derechos Sociales cifró en 137.272.912 millones de euros la cantidad destinada a la contratación de los dispositivos de atención inmediata a personas inmigrantes no acompañadas en Canarias desde 2020 a 2022. La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia se vio «imposibilitada para iniciar la contratación ordinaria», destaca este documento firmado por la consejera Noemí Santana, por la «inexistencia de crédito suficiente y adecuado para la aprobación del gasto» durante «un periodo mínimo». Por este motivo, el Ejecutivo realizó durante los tres ejercicios presupuestarios «modificaciones de crédito suficiente y adecuado» para cubrir el servicio. En el caso de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la ONG suscribió contratos con el Ejecutivo en diciembre de 2020 –Puerto Bello–, febrero de 2021 –Guiniguada– y julio de 2021 –Acorán–, que inicialmente supusieron un desembolso de las arcas públicas de 897.060 euros. Pero esta cantidad aumentó hasta los 12,5 millones, advirtiendo Anticorrupción una «falta de seguimiento y control» por parte de la Consejería.
Francisco Suárez Álamo
Francisco José Fajardo
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Javier Sheng Pang Blanco
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