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En la imagen, Taishet Fuentes junto al empresario investigado Miguel Ángel Robayna, en una reunión en la Consejería de Ganadería. C7
Caso Mediador: Robayna confiesa y entrega información a la jueza

Caso Mediador: Robayna confiesa y entrega información a la jueza

Tribunales ·

El constructor declaró que colaboró con la red del exdiputado Tito Berni para enmascarar los pagos ilegales de empresarios. Aportó un pendrive con documentación

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Lunes, 22 de enero 2024, 13:53

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Uno de los procesados en el caso Mediador, el empresario Miguel Ángel Robayna García, ha reconocido ante la jueza instructora que emitía facturas falsas para que cuatro de los empresarios implicados en la trama pudieran justificar sus pagos al intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte y ha entregado una memoria USB con nuevas pruebas.

En un auto, la jueza de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife explica que, en su declaración voluntaria del pasado miércoles 17, Miguel Ángel Robayna García «confirmó las sospechas» que ya tenían la Policía y la Guardia Civil sobre a qué correspondían las facturas que su empresa, Hispano Robisa, emitió en su momento para los empresarios Alberto Montesdeoca, José Suárez, Esteban Banus e Inmaculada Roca, todos ellos imputados en la causa.

Robayna García declaró ante la magistrada María de los Ángeles Lorenzo que tiene pruebas de que algunos de los investigados entregaron cantidades económicas con el fin de que sus negocios tuvieran un trato de favor, algo para lo que esperaban contar con la participación de otros de los miembros de esta trama, a cuyo frente la Policía sitúa al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y al general retirado Francisco Espinosa Navas.

La juez explica en el auto que, con el fin de evitar que trascendiera el verdadero destino de estos pagos, Navarro Tacoronte, el Mediador que da nombre al caso, ideó un «plan criminal» que pretendía borrar el rastro del dinero entregado por los empresarios, tarea en la que participaba este imputado, Robayna García, que corroboró en su declaración que él emitió facturas falsas.

Robayna García no solo se autoinculpó en esa falsedad documental -con derivaciones en forma de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, además de contra la Administración y estafa, remarca la instructora-, sino que voluntariamente entregó un pendrive (una memoria) con nueva información sobre el caso.

En ese dispositivo, dijo, había «material indiciario de interés» sobre cuál fue su participación en la trama, así como «las relaciones que mantenía con otros implicados« en los hechos investigados.

Aunque Robayna García dio expresamente su consentimiento para extraer el contenido de esa memoria, la juez dicta este auto para dar mayor cobertura y garantía a la información a ese trámite, siguiendo la recomendación de la Fiscalía, que aconsejó acotar la intervención solo a documentos relativos al período que se está examinando.

De esta manera, alegaba el Fiscal, se evitaría «cualquier exceso en cuanto a la delimitación temporal y la necesidad de purgar aquella información que pudiera ser sensible, por guardar relación con el objeto del proceso y por lo tanto no deba ser incorporada«.

La magistrada recuerda en el auto que, de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía, se desprenden «indicios claros» de que podrían estar relacionados con la falsificación de estas facturas.

La juez considera adecuado autorizar la apertura de esa memoria USB de 64 gigabytes de capacidad «dada la gravedad y continuidad de los delitos« investigados e intervenir los documentos y conversaciones que contenga para evitar »zonas de impunidad en las formas más graves de delincuencia«.

La instructora cree que con las pruebas aportadas por este imputado «se pueden conocer las identidades, los movimientos de los investigados o fines o intereses, conocer la existencia de otros posibles partícipes y realizar ampliaciones de la investigación«.

«En el presente caso, difícilmente se puede adaptar otra medida que no se a la intervención judicial del 'pen drive' aportado por el investigado para poder así alcanzar los fines que se pretenden», añade, antes de ordenar a la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional que extraiga y analice de ese dispositivo toda la información relativa al período que está bajo investigación.

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