Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 22 de febrero
Marco Antonio Navarro, intermediario que da nombre al caso Mediador (i), y Conrado Domínguez, exdirector del SCS (d). C7
Mascarillas y Mediador también siguen su curso

Mascarillas y Mediador también siguen su curso

Tres casos ponen en el punto de mira la gestión de diferentes departamentos del Gobierno de Canarias

Francisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 5 de junio 2023

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El caso en torno a la gestión de los centros de menores no acompañados realizada por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI se suma a los de Mascarillas y Mediador, que siguen en instancias judiciales, aunque por vías diferentes. En los tres, el papel jugado por el Gobierno de Canarias también aparece en entredicho, en unos directamente y en otros de forma indirecta. Y en los tres, desde el Gobierno también se está actuando.

Caso Mascarillas

Fue en mayo de 2022 cuando CANARIAS7 desveló la investigación dirigida por Anticorrupción.

En síntesis, el Servicio Canario de Salud abonó, en pleno estallido de la pandemia, cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de coches, RR7, para la compra de un millón de mascarillas. El material nunca fue entregado y se inició un procedimiento de embargo que no ha dado resultados positivos para las arcas autonómicas.

Noticia Relacionada

La querella de Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental se dirigió inicialmente contra el entonces director del SCS, Conrado Domínguez; la que fuera directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez;y el empresario Rayco Rubén González. Con posterioridad el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Francisco Javier García García-Sotoca, añadió el presunto delito de malversación y la lista de investigados creció con el intermediario Osvaldo Lastras y la esposa, la madre y un primo de González.

En septiembre del pasado año Conrado Domínguez cesó horas antes de que su destitución fuese abordada en el Consejo de Gobierno: lo hizo cuando trascendió que, contrariamente a lo que había dicho, mantuvo contacto directo, con llamadas y mensajes, con el dueño de RR7, participando por tanto en la elaboración del contrato que centra la investigación.

Noticia Relacionada

El caso dio un giro procesal al entrar en juego la Fiscalía Europea, que se hizo con la competencia al entender que se pudieron destinar fondos comunitarios al pago a RR7, pese a que la Intervención de la Comunidad Autónoma dictaminó que no fue así. La instrucción continúa bajo secreto desde la Fiscalía Europea. También se está a la espera de la resolución del Tribunal de Cuentas, que abrió un expediente sobre el caso.

Caso Mediador

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife sigue investigando, bajo la dirección de la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, una presunta trama de corrupción que, según la Policía Nacional y la Guardia Civil, tendría en la cúspide al ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet y el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

Ambos nacieron de una investigación encabezada por la Fiscalía Anticorrupción, en Gran Canaria y en Tenerife

Los dos primeros fueron directores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias, lo que les habría permitido entrar en contacto con empresas del sector interesadas, supuestamente, en tratos de favor a cambio del pago de comisiones y otras prebendas.

En cuanto al militar, trabó contacto con empresarios interesados en conseguir favores dada su posición en el cuerpo militar, mientras que él buscaba asegurarse ingresos adicionales ante su próxima jubilación. El nombre de Mediador que se ha atribuido al caso deriva del papel jugado por Marco Antonio Navarro Tacoronte, otro de los investigados, que actuó, supuestamente, como mano derecha de aquellos tres y que habría intermediado en los pagos.

La Fiscalía Europea también ha entrado en juego en la instrucción, asumiendo la parte relativa a los contratos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, uno de cuyos proyectos pasaba precisamente por Francisco Espinosa, con varios contratos de compra de drones con destino al Sahel adjudicados a uno de los empresarios investigados.

En el caso Mediador, el foco en relación al Gobierno de Canarias se centra en la Consejería de Agricultura y en sí se rebajaron o levantaron sanciones a ganaderos a cambio de favores, como se trasluce de las conversaciones entre los investigados. El Ejecutivo anunció la apertura de una amplia investigación interna, de cuyos resultados no ha informado hasta la fecha. La jueza, a su vez, reclamó la entrega de los expedientes de varias de las empresas aludidas.

Los investigadores, por su parte, señalaron en escritos a la magistrada que lo relativo a la ganadería era solo la «punta del iceberg» de una trama con más ramificaciones y que había que extender la investigación a otras personas y empresas.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios