Mascarillas y Mediador también siguen su curso

Fue en mayo de 2022 cuando CANARIAS7 desveló la investigación dirigida por Anticorrupción.

En síntesis, el Servicio Canario de Salud abonó, en pleno estallido de la pandemia, cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de coches, RR7, para la compra de un millón de mascarillas. El material nunca fue entregado y se inició un procedimiento de embargo que no ha dado resultados positivos para las arcas autonómicas.

La querella de Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental se dirigió inicialmente contra el entonces director del SCS, Conrado Domínguez; la que fuera directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez;y el empresario Rayco Rubén González. Con posterioridad el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Francisco Javier García García-Sotoca, añadió el presunto delito de malversación y la lista de investigados creció con el intermediario Osvaldo Lastras y la esposa, la madre y un primo de González.

En septiembre del pasado año Conrado Domínguez cesó horas antes de que su destitución fuese abordada en el Consejo de Gobierno: lo hizo cuando trascendió que, contrariamente a lo que había dicho, mantuvo contacto directo, con llamadas y mensajes, con el dueño de RR7, participando por tanto en la elaboración del contrato que centra la investigación.

El caso dio un giro procesal al entrar en juego la Fiscalía Europea, que se hizo con la competencia al entender que se pudieron destinar fondos comunitarios al pago a RR7, pese a que la Intervención de la Comunidad Autónoma dictaminó que no fue así. La instrucción continúa bajo secreto desde la Fiscalía Europea. También se está a la espera de la resolución del Tribunal de Cuentas, que abrió un expediente sobre el caso.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife sigue investigando, bajo la dirección de la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, una presunta trama de corrupción que, según la Policía Nacional y la Guardia Civil, tendría en la cúspide al ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet y el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

Los dos primeros fueron directores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias, lo que les habría permitido entrar en contacto con empresas del sector interesadas, supuestamente, en tratos de favor a cambio del pago de comisiones y otras prebendas.

En cuanto al militar, trabó contacto con empresarios interesados en conseguir favores dada su posición en el cuerpo militar, mientras que él buscaba asegurarse ingresos adicionales ante su próxima jubilación. El nombre de Mediador que se ha atribuido al caso deriva del papel jugado por Marco Antonio Navarro Tacoronte, otro de los investigados, que actuó, supuestamente, como mano derecha de aquellos tres y que habría intermediado en los pagos.

La Fiscalía Europea también ha entrado en juego en la instrucción, asumiendo la parte relativa a los contratos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, uno de cuyos proyectos pasaba precisamente por Francisco Espinosa, con varios contratos de compra de drones con destino al Sahel adjudicados a uno de los empresarios investigados.

En el caso Mediador, el foco en relación al Gobierno de Canarias se centra en la Consejería de Agricultura y en sí se rebajaron o levantaron sanciones a ganaderos a cambio de favores, como se trasluce de las conversaciones entre los investigados. El Ejecutivo anunció la apertura de una amplia investigación interna, de cuyos resultados no ha informado hasta la fecha. La jueza, a su vez, reclamó la entrega de los expedientes de varias de las empresas aludidas.

Los investigadores, por su parte, señalaron en escritos a la magistrada que lo relativo a la ganadería era solo la «punta del iceberg» de una trama con más ramificaciones y que había que extender la investigación a otras personas y empresas.