CC lleva al Congreso la reactivación del convenio de obras hidráulicas

Coalición Canaria (CC) no quiere dejar cabos sueltos ni fiar los aspectos pendientes de la agenda canaria a un posible acuerdo con el PSOE a cambio de su abstención en la investidura Sánchez. Al margen de las negociaciones abiertas, la formación nacionalista ha activado en paralelo con brío la vía parlamentaria para reforzar la estrategia de defensa de sus objetivos.

A las iniciativas registradas por la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido -la única de los 15 representantes canarios que ha presentado propuestas desde que se constituyó la Cámara-, se suma una proposición de ley para reactivar el acuerdo firmado hace cinco años por el que el Estado se comprometía a suscribir tres convenios para llevar a cabo 186 actuaciones en obras hidráulicas en Canarias con una inversión de 915 millones de euros.

En concreto, la iniciativa de la parlamentaria nacionalista recuerda que diciembre de 2018 se firmó el protocolo general entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en materia de agua, un documento en el que quedan «perfectamente definidas» las competencias y obligaciones de ambas administraciones, así como la financiación necesaria para llevar a cabo de forma coordinada la ejecución de los proyectos.

En dicho protocolo se señalan las actuaciones necesarias para abastecimiento, drenaje, desalación de agua de mar, desalinización de aguas salobres, reutilización, riego, saneamiento de aguas residuales, captación de aguas subterráneas, transporte y almacenamiento, Asimismo, se establecen las inversiones a desarrollar en cada una de las islas por un total de 915 millones en diez años, de los que 400 ya deberían haber sido ejecutados según las previsiones.

Ante el escaso desarrollo e «incumplimiento de lo pactado», la proposición no de ley de CC insta al Gobierno estatal a que proceda a la convocatoria «con carácter de urgencia y en el plazo máximo de un mes» de la comisión mixta de seguimiento del protocolo para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en Canarias, con el fin de actualizar las obras previstas y los plazos de ejecución, así como la transferencia de las cantidades pactadas para su financiación.

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la Teresa Ribera justifica la falta de desarrollo de los convenios en el hecho de que en las reuniones celebradas para definir el marco de colaboración Canarias ha defendido que le corresponde al Estado asumir en solitario la financiación de los proyectos. Una fórmula que según el Ministerio «difiere de lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Público y de la postura mantenida por la abogacía de Estado», que considera que en un convenio entre dos administraciones las obras a ejecutar no pueden estar financiadas únicamente por la Administración General del Estado.

El anterior Gobierno canario presidido por Ángel Víctor Torres tenía previsto actualizar las actuaciones para dar prioridad a las obras que decidan los cabildos en un nuevo convenio que tampoco se llegó a firmar.