El Supremo ve nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Yaiza y el hotel Papagayo Arenas
Se refrende una decisión del TSJC, según ha dado a conocer el Cabildo este jueves
CANARIAS7
Jueves, 7 de abril 2022, 15:57
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por la propiedad del hotel Papagayo Arena contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 3 de febrero de 2021, que anulaba el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Yaiza para la legalización del recinto; según ha dado a conocer el Cabildo este jueves, a través de la presidenta, María Dolores Corujo.
Ha de recordarse que la licencia del citado establecimiento hotelero fue anulada como consecuencia de los procedimientos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique (FCM) en defensa de la legalidad, «al contravenir lo edificado tanto el Plan Insular como la propia ordenación municipal», según la versión cabildicia.
Como consecuencia de la anulación de esa primera licencia, el promotor del hotel presentó un proyecto de legalización que fue desestimado, el 22 de abril de 2016, por la junta de gobierno local de Yaiza, mediante un acuerdo que reconocía la imposibilidad de legalización. El acuerdo advertía de que «lo construido no se adaptaba a las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Yaiza, Plan Supletorio, y requería a la propiedad la presentación de un proyecto en el que se contemple, de forma pormenorizada y detallada todas las medidas técnicas a ejecutar, incluida la demolición parcial (si fuera necesaria) a fin de ajustar la edificación al Planeamiento Municipal en el plazo de UN MES a contar desde la notificación de la Resolución».
La empresa interpuso un contencioso-administrativo «del que no se dio traslado ni al Cabildo de Lanzarote ni a la Fundación César Manrique, apartándolos de manera intencionada de un procedimiento que estaba orientado a la ejecución de la sentencia a favor de las tesis sostenidas por ambas instituciones», según la versión de la primera Corporación.
En el seno de dicho contencioso-administrativo se produjo un procedimiento de mediación intrajudicial en el que el Ayuntamiento de Yaiza y la empresa promotora alcanzaron un acuerdo para legalizar lo construido y dar por ejecutada la sentencia, «sin participación ni control de quienes habían denunciado ante los tribunales la demostrada ilegalidad de la licencia concedida al hotel». Con este fundamento, «fruto de tan sorprendente mediación, fue el auto de 6 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que daba por ejecutada la sentencia de nulidad de la licencia y legalizaba de facto el hotel Papagayo».
Tras tener conocimiento de tal circunstancia, tanto el Cabildo como la Fundación César Manrique interpusieron el oportuno procedimiento contencioso-administrativo, ahora resuelto en favor de ambas instituciones, en el que sostenían que el proceder del Ayuntamiento de Yaiza y la promotora del hotel privaba tanto al Cabildo como a la Fundación de su derecho a la tutela judicial efectiva vulnerando, además, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Igualmente, los servicios jurídicos del Cabildo sostenían que el acuerdo homologado no se ajustaba al ordenamiento jurídico por fraude de ley y versaba sobre materias no susceptibles de transacción, infringiendo el art. 77.1 LJCA, que regula la jurisdicción contencioso-administrativa.
Fruto de la acción llevada a cabo por los servicios jurídicos de las entidades denunciantes, se consiguió que el TSJC anulara el auto de cumplimiento antes mencionado y, en consecuencia, quedó sin efecto el acuerdo de mediación intrajudicial tramitado a espaldas de quienes habían denunciado la irregular concesión al hotel Papagayo. Contra dicha sentencia, la propiedad de la instalación hotelera interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo y este, mediante una providencia dictada el pasado 2 de febrero,decretó la inadmisión a trámite del mismo, «por lo cual adquiere firmeza la sentencia del TSJC que anulaba la mediación intrajudicial».
«No puedo más que mostrar mi satisfacción por esta sentencia que afortunadamente hace que impere la legalidad y la cordura», ha declarado la presidenta, añadiendo que «el acuerdo anulado era un auténtico disparate porque lo hicieron quienes han incumplido la ley -ayuntamiento y empresario- ocultándolo al Cabildo para tratar de legalizar la gravísima ilegalidad que se cometió con la construcción del hotel invadiendo una calle peatonal prevista en el planeamiento para dividir la parcela hotelera y evitar el cerramiento de la playa por una 'mole' de hormigón como la que se ha hecho».
Por último, la presidenta también ha recordado este jueves la reciente resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Las Palmas el pasado 21 de enero de 2022, en la que se declara que el Ayuntamiento de Yaiza tampoco ha ejecutado la sentencia que anuló la licencia que está en el origen de la grave ilegalidad cometida con la construcción de este hotel, por la que el Ayuntamiento de Yaiza autorizó la «agrupación» de dos parcelas que estaban separadas por un vial peatonal de 5 metros de ancho, concluyendo que «las infracciones urbanísticas materiales impiden la legalización de la edificación, por lo que en cumplimiento de la sentencia que se ejecuta se debe ordenar, con base en la declaración de nulidad radical de los actos, el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, llevándose a cabo las actuaciones necesarias para ello».
La presidenta del Cabildo ha considerado adecuado destacar que resulta inconcebible que el Ayuntamiento de Yaiza se haya pronunciado de manera sistemática en favor de quienes incumplen no ya la normativa de carácter insular, sino el propio planeamiento municipal y ha recordado que fue la propia junta de gobierno la que determinó la imposibilidad de legalizar lo edificado. «Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Yaiza habían dado luz verde a un acuerdo, afortunadamente anulado, que pretendía legalizar lo que el propio gobierno municipal consideraba de imposible legalización», según la presidenta.
