«Esta situación no puede eternizarse», apunta el Cabildo sobre las 70 viviendas de Valterra
Vivienda ·
El consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, considera que es «una cuestión de justicia y de compromiso institucional». El Cabildo de Lanzarote avanza en la regularizacón de las casas
El Cabildo de Lanzarote, a través del área de Vivienda, continúa trabajando en la búsqueda de una solución definitiva que permita a los legítimos propietarios de las 70 viviendas del barrio capitalino de Valterra acceder, por fin, a las escrituras de sus inmuebles.
El consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, ha mantenido diversas reuniones con representantes de la asociación de vecinos y con los propios interesados para solicitar la documentación que acredite la titularidad legítima de cada una de las viviendas, como paso previo imprescindible para poder avanzar en el proceso.
Desde el Cabildo, «estamos absolutamente comprometidos con este procedimiento. Nuestro objetivo es claro: que quienes han vivido durante décadas en estas viviendas, como legítimos propietarios, puedan obtener las escrituras que les corresponden. Estamos trabajando de forma coordinada con las administraciones implicadas para desbloquear los obstáculos jurídicos que impiden la transmisión», señala Miguel Ángel Jiménez.
La situación de las viviendas de Valterra tiene su origen en la Ley 10/2022, de 14 de junio, cuya Disposición Adicional Segunda autoriza al Instituto Social de la Marina (ISM) a donar estas viviendas al Cabildo de Lanzarote en un plazo máximo de un año, según recoge el BOE del 15 de junio de 2022.
A pesar de que la asociación de vecinos ya había solicitado ayuda económica durante legislaturas anteriores (2010-2015) para iniciar la regularización, la titularidad seguía perteneciendo entonces al ISM, y el Cabildo se limitó a ofrecer apoyo técnico en la tramitación. Posteriormente, el 31 de mayo de 2023, se redactó la Propuesta de Acuerdo para dictar la instrucción del procedimiento administrativo de determinación de los beneficiarios, un documento que fue aprobado por el Consejo de Gobierno Insular el 26 de junio de 2023.
Sin embargo, en el proceso se introdujo una condición legal que ha generado un obstáculo: según la instrucción aprobada, la transmisión sólo puede realizarse cuando las viviendas estén inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo e incluidas en el Inventario de Bienes y Derechos como bienes patrimoniales, lo que contradice la intención original de la ley.
De hecho, es precisamente este punto, lo que ha paralizado la transmisión.
Ante esta situación, desde el Cabildo se trabaja con el Instituto Social de la Marina para modificar el acuerdo aprobado en 2023, «de forma que se respete el espíritu de la norma estatal: que la Corporación Insular actúe como intermediario en la transmisión, sin que las viviendas deban integrarse en su patrimonio».
«Tenemos claro que esta situación no puede eternizarse», sentencia Miguel Ángel Jiménez.
