Los técnicos avalan la ilegalidad de Stratvs según el obsoleto PIO
La jurista llamada a declarar por la acusación llega a incurrir, a preguntas del presidente de la Sala, en la paradoja de que en La Geria no se pueden hacer obras que lleven movimientos de tierra
El juicio contra la bodega Stratvs del empresario Juan Francisco Rosa volvió este pasado jueves a Lanzarote, tras varias jornadas celebrándose en Las Palmas de Gran Canaria, con la declaración de una técnico de Actividades Clasificadas, un aparejador del Área de Política Territorial y la jurista Joana Macías, además de dos responsables de Patrimonio del Cabildo.
En el caso de los tres primeros técnicos en declarar, todos ellos se aferraron al Plan Insular de Ordenación (PIO) de 1991, que sigue vigente pero no se ha adaptado a ninguna de las normativas sobre suelo aprobadas en los últimos 30 años; para señalar que la citada bodega no podía construirse con forme a derecho, y ello a pesar de contar con título habilitante de rango superior, a través de un permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.
En el caso de la técnico de Actividades Clasificadas, ésta declaró que en su día elaboró un informe en el que señalaba incompatibilidad de la bodega con el Plan Insular, si bien reconoció que existía dicho permiso de rango superior del Gobierno de Canarias que la autorizaba.
La misma opinión mostró, a preguntas de la fiscal y la acusación popular, el aparejador quien elaboró varios informes contrarios a la bodega, también basados en la normativa del Plan Insular, señalando que dicha norma no permitía este tipo de obras al llevar aparejado movimientos de tierra. Y la propia jurista Joana Macías también manifestó idéntico parecer, de nuevo apelando al Plan Insular validado en 1991 como normativa para justificar sus informes.
Al mismo tiempo, todos ellos insistieron en aplicar al suelo de La Geria un precepto como si el espacio fuera Parque Natural y no como Paisaje Protegido, calificación que entró en vigor en 1994, con la diferencia de que en el primero no cabe construir nada y en el segundo sí es posible acometer obras que contribuyan a la teórica mejora del espacio.
Fue entonces cuando a preguntas de las defensas llegaron las paradojas. La más destacada vino cuando los letrados insistieron en el articulo del PIO en el que se basaron para considerar la bodega ilegal, que señala: «Se prohíbe toda edificación o construcción que con lleve movimientos de tierra». De este modo, las defensas insistieron en preguntar si una carretera, un camino, los zocos, un aljibe o cualquier edificación es un movimiento de tierra, a lo que los técnicos entraban en duda.
En el caso de la jurista, a esta cuestión respondía que «depende de las zonas», sin precisar, lo que motivó que el presidente, Emilo Moya, preguntara que respondiera con un sí o un no, si es posible hacer alguna obra que conlleve movimiento de tierra, a lo que dijo, de modo confuso, que no. Preguntada por los magistrados si habiendo título habilitante podría hacerse movimiento de tierra, respondió que no.
