Imposibilidad de clausurar la planta

Al respecto, el presidente del Cabildo vino a decir ayer que el Consejo Insular de Aguas está atado de pies y manos para ejecutar el decreto del Gobierno de Canarias que establece la clausura de la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja, por operar de forma clandestina sin permiso para desalar, ni para vender agua a terceros. Según matizó Pedro San Ginés, «a día de hoy, no sé ni cómo ejecutar esa resolución del Ejecutivo sin riesgo de causar desabastecimiento de la población».

Por un lado, el presidente señaló que hasta que no haya una orden judicial de cierre de la planta, «por parte del Cabildo, no se va a actuar». Además, por otro lado, San Ginés explicó que «la formula que me indicaron los servicios jurídicos del Cabildo, de cómo se debía actuar contra esta planta que lleva desde 2006 vendiendo agua ilegalmente a 6.000 vecinos, era la de incautar la planta, como medida cautelar hasta que se hicieran las obras de conexión de la urbanización a la red pública de abastecimiento», aclaró, «pero los juzgados paralizaron ambas cosas, la incautación y las obras de enganche y, por lo tanto, no tenemos fórmula de garantizar el agua a los vecinos si ordenamos la clausura, puesto que no se les puede suministrar agua de la red general».

Por ello, señaló que el decreto de momento es inejecutable, «salvo que algún juez ordene la clausura, o alguien me explique cómo se clausura una planta sin impedir que el suministro se ve afectado; así que, de momento, no podemos hacer nada»

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