Exinterventor, en la vista hecha entre mayo y junio. / CARRASCO

La Audiencia reserva quince días para el último juicio de Montecarlo en Arrecife

Las sesiones, entre Lanzarote y Gran Canaria, desde el 30 de enero. El exinterventor de nuevo encabeza la relación de encausados

JOSÉ R. SÁNCHEZ Arrecife

La pieza del caso Montecarlo en Arrecife que aún restar por juzgar, Tunera, ya tiene fechas para la vista, según diligencia del pasado 30 de junio comunicada a las partes por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde se concreta que el juicio se repartirá entre la capital insular y Las Palmas de Gran Canaria, sin ofrecerse detalles más precisos.

La primera de las sesiones del juicio, de un total de justo quince, está marcada para el 30 de enero de 2023, estando la segunda establecida para el día posterior. Las trece sesiones restantes se han definido para febrero, si bien con posibilidad de algún cambio, en función de la disposición de letrados y otras partes relacionadas con el caso. Más en concreto, deberán acontecer en los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero, siempre a partir de las 9.30 horas.

Esta pieza del caso Montecarlo investiga presuntos delitos de malversación, fraude y prevaricación, por supuestos servicios cobrados de más y por presuntas facturaciones anómalas por supuestos servicios que no fueron recibidos por el Ayuntamiento, hace más de una década.

Once implicados

Hay once afectados que se exponen a penas de cárcel, atendiendo al informe del Ministerio Fiscal; al que se agregó con bastante posterioridad la acusación popular tras haberse cerrado la instrucción.

El principal acusado es Carlos Sáenz Melero, antiguo interventor, quien se expone a una condena de seis años de prisión, si bien a expensas de negociación con el Ministerio Público, a tenor de juicios ya celebrados, algunos con sentencia en firme y otro pendiente aún del fallo.

Porcentaje legal

En la vista más reciente de Montecarlo en Arrecife, Inelcon, celebrada por la Sección Sexta entre mayo y junio; Fiscalía y antiguo interventor negociaron una pena de año y medio de cárcel, al reconocer en exclusiva Carlos Sáenz Melero los hechos imputados. Los restantes afectados se reconocieron ajenos a cualquier acciones delictiva. Y se da la circunstancia de que el Ministerio Fiscal, en su informe definitivo, a pesar de reclamar penas de cárcel para todos, reconoció que es legal incluir en las facturas un porcentaje por el beneficio industrial; además de no definir presuntos cobros fraudulentos.

La nómina de implicados se completa con el empresario Eduardo Ferrer, expuesto a seis años de cárcel; y con antiguos cargos públicos y con trabajadores locales.

En el primer apartado, José Montelongo, exalcalde, en riesgo de cuatro años y medio de cárcel; y los exediles Lorenzo Lemaur y Eduardo Lasso, expuestos a igual pena; junto a Isabel Martinón y Víctor Sanginés, para quien Fiscalía reclama tres años de prisión.

En la parte laboral están Miguel Leal y José Nieves, que se exponen a cuatro años y medio de cárcel; Blas Cedrés, expuesto a tres años y cuatro meses; y Francisco Hernández, expuesto a tres años de cárcel.