Las ayudas al alquiler para damnificados por el volcán de La Palma llegan a 512 familias

Entre las familias a las que el Gobierno de Canarias bonifica el alquiler se cuentan cinco de Puerto Naos y La Bombilla, que siguen sin poder acceder a sus casas por las altas concentraciones de gases.

El Instituto Canario de la Vivienda está revisando los expedientes de otras 85 familias que, hasta la fecha, no habían podido demostrar la titularidad de viviendas que se quedaron inhabilitadas a causa de la erupción del volcán en Cumbre Vieja.

Estos expedientes se están revisando y aquellos que logren certificar toda la documentación requerida por la administración pasarán a cobrar la ayuda como el resto de los beneficiarios, destaca la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda en un comunicado.

Para financiar esta ayuda extraordinaria, la Consejería ha aprobado una partida inicial de 4.276.000 euros que se puede ampliar para atender a todas las demandas que lleguen de las familias afectadas.

En una primera resolución, el pasado mayo, se empezó a pagar esta ayuda a 327 familias, a las que se unieron en septiembre otras 161. Con la tercera resolución publicada hoy se suman 24 más. Los alquileres se pagan a los afectados que ya estén apuntados en el registro único de damnificados y que así lo manifiesten en su inscripción.

Tendrán derecho a recibir estas ayudas, durante un período máximo de 36 meses, todas las familias inscritas en el registro único que justifiquen haber perdido su vivienda habitual por la erupción y aporten los justificantes del pago del alquiler.

Estas ayudas se enfocan a los propietarios de viviendas destruidas o declaradas inhabitables, así como a los arrendatarios que vivían en una casa que fuera su vivienda habitual y también resultara destruida o declarada en ruinas a causa de la erupción.

En este caso, en el de los que vivían de alquiler antes de la erupción, la ayuda consistirá en el abono de la diferencia entre las rentas del alquiler anterior y de la nueva vivienda, también por un periodo máximo de 36 meses. Esta ayuda, para la que el ICAVI aporta una dotación inicial de 3,2 millones de euros, estará vigente hasta 2023.