Jupol exige acuerdos de readmisión con los países africanos para acabar con la inmigración irregular
El sindicato de la Policía Nacional propone aplicar el modelo que España tiene con Francia desde 2003 para frenar las mafias, proteger vidas y garantizar la seguridad
Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, reclama al Gobierno de España la firma inmediata de acuerdos de readmisión con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, siguiendo el modelo del convenio bilateral que nuestro país mantiene con Francia desde diciembre de 2003, y que permite la devolución automática de personas que han accedido de forma irregular a uno de los dos territorios procedentes del otro.
El objetivo de esta propuesta es triple: poner fin a las redes de inmigración ilegal, evitar el efecto llamada que incentiva los viajes clandestinos en condiciones extremas, y reforzar la seguridad nacional mediante un control efectivo de los flujos migratorios. Según establece el acuerdo hispano-francés, cualquier persona que entre en Francia de forma irregular y se acredite o presuma que llegó a la Unión Europea a través de España, es devuelta automáticamente a nuestro país. Jupol defiende que este mismo principio debe aplicarse a Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, de modo que toda persona que llegue de forma irregular a España, sea nacional de esos Estados o de terceros países que hayan transitado por ellos, pueda ser readmitida en dichos territorios sin dilaciones ni trámites innecesarios.
Para Jupol, la adopción de este tipo de acuerdos enviaría un mensaje claro a las organizaciones criminales que operan en la inmigración ilegal: España no será la puerta de entrada a Europa por vías irregulares, según apunta en nota de prensa. «Cuando un cayuco que proceda de estos países, o haya pasado por ellos, sea devuelto de manera inmediata, se eliminará el incentivo para que las mafias sigan enviando embarcaciones abarrotadas y en condiciones inhumanas. Esto, lejos de ser una medida hostil, es una medida de protección de vidas humanas», señalan desde la organización sindical.
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El sindicato advierte de que el actual enfoque de gestión migratoria, basado en la acogida sin retorno en la mayoría de los casos, «no solo es insostenible, sino que actúa como combustible del negocio criminal». Las redes de tráfico de personas facturan millones de euros al año gracias a esta vía, sometiendo a los migrantes a peligros extremos, abusos y explotación.
Jupol recuerda que la Policía Nacional es uno de los cuerpos que soporta mayor presión operativa y emocional ante la llegada masiva de embarcaciones a las costas españolas, especialmente en Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y Andalucía. Cada desembarco implica una compleja cadena de actuaciones: rescate y recepción en puerto, identificación de los migrantes, tramitación de expedientes, custodia de personas en situación irregular, coordinación con juzgados y servicios sociales, y, en muchos casos, vigilancia en centros de internamiento saturados.
Esta sobrecarga de trabajo se agrava por la falta crónica de recursos humanos y materiales, que obliga a detraer agentes de otras áreas clave de seguridad ciudadana. Los policías, además, deben desempeñar estas funciones en instalaciones muchas veces inadecuadas, sin las condiciones mínimas para una identificación segura y digna, y con riesgo para su propia salud ante la falta de protocolos claros para el manejo de enfermedades infecciosas o situaciones de violencia. «Los compañeros están desbordados, trabajando al límite, con jornadas interminables y sin el respaldo logístico que esta situación exige. La inmigración irregular no solo es un desafío político y social, también es un problema operativo que está asfixiando a la Policía Nacional», subraya Jupol.
El sindicato rechaza la «mirada condescendiente» que, en su opinión, Europa y España mantienen hacia los países africanos en materia migratoria. «Debemos abandonar la superioridad moral y tratar a estos países en igualdad de condiciones. Si Francia aplica sin complejos este mecanismo con España, no hay motivo para no aplicar el mismo principio con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal», afirma el sindicato. Jupol recuerda que el acuerdo de 2003 entre España y Francia ha demostrado ser un instrumento eficaz y compatible con las normas internacionales de protección de derechos. El texto garantiza procedimientos rápidos, cooperación entre autoridades, protección de datos y salvaguardas en caso de riesgo de persecución.
