Una ola de indignación en las islas

A continuación se reproducen algunas de las impresiones recogidas este miércoles:

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, a la luz de la acogida que en la isla se realiza a los ciudadanos extranjeros llegados en patera, deja claro que las soluciones que se están dando a la inmigración «no son ni de lejos las adecuadas». Esta segunda oleada de la inmigración en Canarias «no la estamos afrontando con inteligencia», a lo que añade que «es un problema que viene de atrás y que va continuar existiendo durante mucho tiempo». El primer mandatario majorero detecta «improvisación» desde hace más de quince años en la acogida a estos ciudadanos y concluye que el Frontex debe estar en Canarias «para que tengamos una política común de verdad en esta materia, desde Arguineguín a Bruselas».

En versión de la presidenta lanzaroteña, María Dolores Corujo, «atender los fenómenos migratorios constituye uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos no solo en Canarias, sino en la propia UE. A las constantes situaciones de hambruna o de guerra se le une la crisis generada por la pandemia del covid, que ha supuesto la práctica desaparición del turismo en África», añadiendo que «el cese de la actividad turística implica la pérdida de multitud de puestos de trabajo más o menos formales sin que estos países dispongan de mecanismos de protección, como sí sucede en Europa. Por tanto, la presión migratoria va a seguir aumentando, por más que existan momentos en que parezca reducirse». Y por ello precisa que «un país como España, incluido entre las principales potencias económicas, que se sitúa de manera permanente como uno de los tres destinos turísticos más potentes, no puede ser visto como incapaz de atender una crisis humanitaria de estas características. No existe disculpa alguna». Lanzarote es una de las islas que ha visto cómo a sus costas ha llegado un número creciente de inmigrantes a lo largo del presente año.

La secretara general de Cáritas, Cayi Suárez afirmó «no se está poniendo en el centro a las personas que están llegando» a Canarias. No solo «por la vulneración de derechos, que ya es importante, sino porque hay intereses diversos que hacen que se juegue con las personas». Sobre el caso concreto de las personas desalojadas del muelle sin más Suárez criticó que no se les diera respuesta a través del programa de acogida humanitaria. «Es fruto de la descoordinacion. Es un sinsentido en el trato que se está dando a estas personas, sin asistencia letrada ni traducción», lamentó. Cáritas exige unas «condiciones dignas alojativas» para estas personas. Y recordó que la noche del martes durmieron 2.600 personas en un lugar (el muelle) sin «condiciones de salubridad mínimas, sin baños, sin duchas y sin espacio para moverse. Ya no cabe un alfiler y no se están poniendo recursos», lamentó. «Este tipo de dinámicas pueden crear un conflicto social y relativa crispación, advirtió.

Para la representante de Redescan lo que están viviendo las personas migrantes en Arguineguín es «racismo institucional, afirma. Tras enterarse de que habían enviado a más de 200 personas a la capital grancanaria sin recursos alojativos la ONG se puso en marcha para «acompañarlos». La ruta Atlántica, recuerda Velasco, es una «de las más mortíferas y duras» y les contaron que llevaban más de 10 días en el muelle. «Es terrible porque vamos naturalizando la situación», comenta. Por eso, señala, es necesario «seguir reaccionando». Para Velasco, lo sucedido el martes es una muestra más de lo que Helena Marrero llama la «necrofrontera, espacios sin derechos y donde se seccionaliza la democracia y en los que se da un trato racista y clasista porque lo que denotan es la aporofobia» que se siente contra estas personas.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) califico ayer de «descoordinación» el desalojo de las personas migrantes del muelle. Su portavoz, Txema Santana, explicó que esto está «incidiendo en la desprotección de las personas sin recursos» que llegan a España y alertó de la «situación de calle» a la que los llevan. «Consideramos que esta descoordinación está incidiendo en más desprotección a las personas y pedimos traslados urgentes a la península para acompañar las medidas que se están tomando en territorio insular», dijo el portavoz de CEAR en Canarias.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, criticó ayer la «inacción» del Gobierno de España durante meses para intentar dar una respuesta al problema de la inmigración y aseguró que, con su inacción, «está generando un problema» en la sociedad canaria. «Este Gobierno no da respuesta ni a los inmigrantes ni a los canarios y en particular, a los grancanarios», indicó. Mañaricúa demanda respuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y una política de derivaciones a la península, donde los centros de acogida están vacíos. «El Gobierno de España debe habilitar espacios públicos de acogida para estas personas. Sánchez debe dar una respuesta», afirma Mañaricúa, quien critica que el Gobierno «no está dando tutela judicial efectiva» a los canarios.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, calificó ayer de «abandono absoluto» la situación que se está dando en Canarias por parte del Estado respecto al fenómeno migratorio. Un abandono que, según dijo, sufren los inmigrantes y los canarios. Manrique de Lara apuntó que los canarios habían tenido «mucha paciencia» hasta ahora pero la situación ha llegado al límite. Además, según apunto, además de comprometerse los derechos de los canarios al punto al que se ha llegado «se está comprometiendo la recuperación económica y social de Canarias». «Ahora que estamos a punto de salir del cero turístico tenemos los espacios turísticos ocupados por inmigrantes. Es urgente que se tomen soluciones», añadió.

La polémica liberación por el Ministerio de Interior de 227 inmigrantes irregulares retenidos en Arguineguín «es la gota que colma el vaso de la paciencia» del Cabildo con la «descoordinación absoluta» por parte del Gobierno de España en las respuestas a la presión migratoria que vive la isla.

Así lo dijo ayer su residente, Antonio Morales, que responsabilizó al ministro Marlaska de una medida «impresentable» y «arbitraria» que «no puede pasar de rositas».

Morales volvió a exigir que se realicen derivaciones de inmigrantes hacia la Península y anunció la creación de un grupo de trabajo «para ir más allá de las palabras» en la demanda de soluciones al Estado. «Estamos haciendo un equipo para forzar otras medidas», declaró, «para buscar alternativas para que se prioricen de manera real las derivaciones», matizó a continuación.

José Miguel Bravo de Laguna, consejero de Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria en el Cabildo grancanaria, entiende que es hora de celebrar «de manera inmediata» un Consejo de Ministros extraordinario sobre la política migratoria para la islas, con vistas a adoptar «acuerdos eficaces y urgentes». En una moción presentada para debatir en pleno del Cabildo señala que «la situación de la inmigración irregular en Canarias y en particular en Gran Canaria, está produciendo una alarma social de incalculables consecuencias sociales, económicas y por supuesto, también políticas». Agrega que en política migratoria «es palpable la descoordinación entre los diferentes ministerios más implicados – Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación; Defensa y Hacienda».

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana se sumó ayer a las palabras del presidente de Canarias, al que mostró su apoyo. «Exigimos conocer quién y por qué dio esa orden de dejar en libertad a 200 inmigrantes. Ve «muy grave» lo sucedido. «Primero, porque es dejar desamparadas a esas personas, y, segundo, porque seguimos esperando del Estado respuestas urgentes. Nos sentimos abandonados». Dice que como alcaldesa le preocupan tres asuntos primordiales. De entrada, «el trato humano que se está dando a estas personas que llegan en patera; no se están respetando los derechos humanos». En segundo lugar, la imagen turística que se está dando, que califica de «lamentable». Se pregunta: «¿Quién va a querer venir de vacaciones a Maspalomas o a Gran Canaria con estas imágenes?». Y en tercer lugar, le inquieta «la inseguridad» que esta situación genera. «Si no se llega a retomar el asunto, ¿qué habría pasado con esas personas? Se quedan en la calle y ¿de qué viven? ¿qué comen? Entiendo que es una falta de respeto al presidente de Canarias y a las alcaldesa del sur, que estamos dando la cara.Hace falta que alguien dé la cara y explique lo que sucede».

Lleva semanas batallando con el 'campamento de la vergüenza' en que se ha convertido el muelle de Arguineguín, pero la regidora de Mogán subraya que el foco no hay que ponerlo en su municipio, ni en ese barrio. «Este es un problema que afecta a toda la isla y a toda España, y que se les ha ido de las manos». Sostiene que la orden vino de la Subdelegación del Gobieno, pero está convencida de que partió del Ministerio del Interior. Por eso ayer pedía la dimisión del ministro Marlaska y también del delegado del Gobierno. «Pretendían soltar todos los días a 100 o 200 migrantes, por lo que nos habrían generado un problema social muy grave a todos los municipios de la isla, ¿a dónde habrían ido a parar todas esas personas?». Por la información que tiene, esa pretensión la ha podido frenar Ángel Víctor Torres.

Información elaborada por: Pepa Domínguez, José R. Sánchez, Silvia Fernández, Luisa del Rosario, Jesús Quesada y Gaumet Florido.