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Un vocal de la Mesa de Contratación del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre Local, Antonio Patiño, confirmó este martes en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana que no estuvo en la sesión que adjudicó la organización del llamado congreso del lujo, el 14 de noviembre de 2022, porque había presentado su renuncia el 31 de octubre.
El secretario municipal del Ayuntamiento de Agüimes, que compareció como testigo, explicó a la magistrada Raquel Lora y a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, que su renuncia se debió a la sobrecarga laboral y a una reciente circunstancia personal, y les aclaró que, si había quorum, su puesto no requería sustitución.
Su ausencia de la mesa ha querido ser interpretada por algunas fuentes vinculadas al caso como un intento de evitar mezclarse con el expediente, pero Patiño dejó patente cuál fue el motivo de su renuncia. Aún así, se le preguntó si supo de las intenciones de celebrar el congreso con anterioridad a su renuncia y, según fuentes judiciales, dijo que sí.
Antes que Patiño declaró, en este caso, como investigada, la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Tania Naya, una de las siete encartadas en la causa que investiga la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental en la tramitación del contrato para organizar en el I Congreso de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional, del 16 al 19 de noviembre de 2022.
Naya, que declaró durante dos horas y media, insistió en que el procedimiento negociado que se convocó fue con publicidad pese a la primera propuesta de hacerlo sin publicidad del técnico del Consorcio, justificó que se hiciera por urgencia porque se podía perder el dinero a 31 de diciembre y dejó claro que el Consorcio sí tramitó una modificación presupuestaria para incorporar las aportaciones económicas de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana para organizar el evento. que costó 500.000 euros.
Con la interventora se cerró este martes la ronda de declaraciones de los siete investigados a partir de la querella presentada por la Fiscalía. Entre los encartados figuran la exalcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez, y el alcalde de Santa Lucía, Francisco García.
Este martes también declaró como testigo David Castellano, que hizo de secretario en la Mesa de Contratación del Consorcio del 14 de noviembre. Dijo que ha sido llamado varias veces para este órgano.
El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, estaba citado para declarar este martes como testigo, pero no pudo acudir y su declaración se ha aplazado al 5 de julio. Se le ha llamado porque ostentaba la presidencia del Consorcio y fue relevado justo antes de que se iniciaran los trámites para el congreso. La explicación que se dio es que en el Consorcio, organismo intermunicipal formado por varios ayuntamientos del sureste y sur de la isla, los cargos son rotatorios y llevaban tiempo sin renovarse.
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