Obras de la desaladora de la central hidroeléctrica. / ARCADIO SUÁREZ

Turcón dice que la central de Chira-Soria es «inviable económicamente»

El colectivo presenta alegaciones a la propuesta de retribución de REE y solicita nuevos informes de Competencia y del Consejo de Estado

Jesús Quesada
JESÚS QUESADA Las Palmas de Gran Canaria

Los altos costes de construcción (618 millones de euros tras la última revisión de precios), su « baja eficiencia energética (cree que va a consumir el doble de energía eléctrica de la que podría devolver al sistema con el salto hidráulico), el « bajo impacto en la penetración de renovables», que estima en el 4%, «y las incertidumbres técnicas y económicas», como la construcción de la caverna, «hacen inviable económicamente» el proyecto de la central hidroeléctrica reversible de las presas de Chira y Soria.

Así lo afirma el colectivo ecologista Turcón en las alegaciones que ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica por la retribución que pretende cobrar Red Eléctrica de España (REE), la concesionaria del primer gran sistema de almacenamiento de energías renovables de Canarias.

Turcón no sólo cuestiona la retribución solicitada sino también la viabilidad completa del proyecto, tanto en sus aspectos económicos de retribución exigida por REE, como en los relacionados con el impacto ambiental, la gestión del agua y el modelo energético que promueve.

Afección a la Red Natura

El colectivo ecologista recuerda que el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo afecta a cuatro espacios de la Red Natura: la ZEPA Ayagaures y Pilancones y las ZEC Franja Marina de Mogán, El Nublo II y Macizo de Tauro II. Y denuncia que «la planificación territorial y los planes de uso y gestión de los espacios naturales se están modificando por decisiones políticas».

Pide también que se solicite un nuevo informe preceptivo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la viabilidad técnico-económica del proyecto y un análisis del coste-beneficio, el impacto económico en el sistema eléctrico y la repercusión en la deuda, «dadas las incertidumbres detectadas en los costes de inversión y explotación del proyecto».

Asimismo, reclama una consulta al Consejo de Estado sobre si se ajusta a la normativa comunitaria en materia de energía, aguas y medio ambiente.