Tres empresas recurren el no del Cabildo grancanario a darles 600 licencias VTC
Las tres firmas, con sede en Madrid, habían pedido 3.400 autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor en una isla con 2.656 licencias de taxi
Las tres empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) a las que el Cabildo denegó el pasado mes de junio la autorización para instalarse en Gran Canaria han recurrido esa decisión ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas. Los tres recursos se han interpuesto en distintos juzgados, los números 4, 5 y 6, contra la resolución dictada por la Consejería de Movilidad Sostenible.
Las partes interesadas en estos recursos tienen hasta el próximo 6 de noviembre para comparecer y personarse como demandantes en los tres procedimientos.
Las resoluciones recurridas denegaron las solicitudes registradas por Miurchi Car SL, Prestige and Limusine SL y Senza 2000 SL para que las fueran otorgadas 200 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en cada caso, lo que suma 600 en total de las 3.400 autorizaciones que fueron solicitadas por las tres empresas y denegadas por el Cabildo en base a criterios de insularidad y medioambientales, no económicos.
El consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, indicó entonces que la instalación en la isla de 3.400 vehículos autoturismo de transporte público de viajeros con conductor (los servicios que prestan empresas como Uber y Cabify) «sería un auténtico disparate» que distorsionaría complemente el sector.
De hecho, tal número de nuevas autorizaciones de VTC supera la cifra de licencias de taxi que acumulan los 21 municipios de la isla, que actualmente asciende a 2.656 en total. Además, ese número multiplica casi por 34 las licencias de VTC que están autorizadas en Gran Canaria, que son 102 en la actualidad y superan ya la ratio de una por cada 30 taxis.
Esas 102 autorizaciones de VTC en vigor pertenecen a ocho empresas distintas residenciadas en la isla y el número permanece inalterado desde hace varios años.
Al explicar la denegación de tales autorizaciones, Sosa subrayó que en el Cabildo «estaremos al lado del sector del taxi» y mantuvo que acceder a la petición de esas empresas, que solicitaron las 3.400 licencias de VTC en apenas dos o tres meses, «sería hundir al sector y romper el mercado de la isla».
La denegación de las autorizaciones por el área de Movilidad Sostenible del Cabildo recogía, sobre la proporcionalidad de las mismas, que los cabildos procederán a denegarlas «si se produce un desequilibrio entre la oferta de transporte público discrecional interurbano de viajeros en vehículos de una capacidad de hasta 9 plazas y de arrendamiento con conductor en relación con los potenciales usuarios de los servicios».
Tribunal de Justicia de la UE
Para el también vicepresidente segundo del Cabildo las empresas a las que se denegaron las autorizaciones intentaban aprovechar una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa al área metropolitana de Barcelona, que consideró contrario al derecho comunitario la restricción a las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC).
Esa sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cuestiona que la autorización para operar se limite a una VTC por cada 30 licencias de taxi.
Las tres empresas recurrentes tienen su domicilio social y su sede en Madrid y las tres carecen de delegación en la isla.
