Les ha costado dos años de larga y tortuosa batalla judicial, pero los propietarios legítimos del complejo de apartamentos Los Teques, en el barranco de Agua La Perra, en Puerto Rico (Mogán), empiezan a recuperar, poco a poco, el control del edificio. Durante más de dos años el que hasta no hace mucho operaba como un establecimiento turístico extrahotelero se convirtió en refugio-residencia para más de 100 okupas que han destrozado las instalaciones, repletas todavía de todo tipo de basura, y que, además, han protagonizado reiterados altercados.
Miguel Rodríguez, el abogado que representa a la comunidad, explica que ya han logrado desalojar y tapiar ocho apartamentos y que hay otros cuatro en marcha, con fecha de lanzamiento fijada. Según explica, aunque el complejo cuenta con 32 unidades registrales, en realidad hay 28 apartamentos porque algunos fueron unidos en uno solo. Todos estuvieron okupados y todos están ya en los juzgados. El procedimiento judicial para desalojar a 12 de ellos quedó resuelto a favor de la comunidad, con 8 llevados a término y cuatro ganados, pero pendientes de culminar, y ahora quedan los otros 16 para los que se presentó denuncia.
En el entorno, tanto empresarios extrahoteleros como propietarios de otros bloques de apartamentos, asisten con cierto alivio al desalojo progresivo de Los Teques, uno de los dos o tres complejos que llegaron a ser ocupados de forma irregular e integral en la urbanización turística de Puerto Rico. Por los datos que maneja este letrado, es el último que quedaba.
Según Rodríguez, casi todos los que residían en este inmueble eran de procedencia magrebí, la inmensa mayoría jóvenes. Solo recuerda el caso de un alemán, que vivía en un apartamento doble rodeado de basura y de gatos. Ya fue desalojado. «Hemos llegado a contabilizar más de 100 personas, porque en uno solo se te metían cinco o seis», detalla el letrado. El edificio ha sido un foco de altercados, con frecuentes enfrentamientos entre los okupas. «Cada vez que pasa algo en Puerto Rico, la Policía Local o la Guardia Civil viene a Los Teques porque seguramente el que lo hizo estaba aquí», apunta un trabajador de la zona. Es más, asegura que los cuatro jóvenes que violaron a una chica en 2021 estaban viviendo en Los Teques.
No ha sido fácil, no solo por la lentitud de los trámites judiciales, sino también porque tampoco bastaba con ganar el caso para resolver el problema. «Nos llegó a pasar que desalojábamos un apartamento, lo tapiábamos y los okupas se organizaban para entrar otra vez». No en vano, la comunidad de propietarios se ha visto obligada a hacer un importante esfuerzo económico para proteger Los Teques con 2 vigilantes de seguridad por turno y durante 24 horas para tratar de impedir que se metan otra vez en los 8 apartamentos ya vacíos. Los desalojos, asistidos por una fuerte presencia policial, se han desarrollado sin incidentes.
Basura acumulada en los exteriores y dentro del complejo. En la foto vertical, tapias levantadas en la conexión de los apartamentos con las terrazas.
C7
La decadencia de este establecimiento empezó a escribirse después de que la empresa que lo explotaba como complejo extrahotelero, Vista Noruega SL, decidiera acogerse a los incentivos a la rehabilitación que procuraba el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa de Mogán y firmara un convenio con el Ayuntamiento. Lo que sobre el papel iba a suponer un revulsivo, en la práctica ha supuesto su declive. Las obras llegaron a empezar, pero, por razones que este periódico desconoce, se quedaron a medias, la constructora dejó el edificio y quedó a merced de los okupas. Aunque Rodríguez cree que los problemas empezaron a mediados de 2022, constan denuncias y quejas desde justo después de la pandemia, en 2020.
Rodríguez empezó a asesorar a la comunidad de propietarios en el primer semestre de 2023 y desde entonces inició una batalla judicial un tanto pedregosa, entre otras cosas, por la propia burocracia procedimental. Primero presentó una denuncia conjunta por el delito leve de usurpación de inmueble por los 28 apartamentos, pero le instaron a interponerla de forma individualizada, lo que ha contribuido a dilatar todo el proceso. Ya ha tenido que lidiar con 12 juicios y sus respectivas apelaciones, una tortura para sus propietarios, todos noruegos, que a estas alturas todavía no han podido disfrutar de sus viviendas turísticas.
El abogado de la comunidad ha tratado ahora de aprovechar el último cambio legislativo en España, la Ley Orgánica 1/2025, aprobada el 2 de enero y en vigor desde el 3 de abril de 2025, porque arbitra una serie de medidas que, en principio, tendrían que agilizar el desalojo de okupas y propiciar que se resuelvan mediante juicios rápidos. Pero su experiencia no ha mejorado del todo. Ya ha interpuesto las 16 denuncias para los 16 apartamentos que faltan. Sin embargo, llegó mayo y aún se ha celebrado ninguno de los juicios.
Una vez quede desalojado, no acabarán los problemas para los propietarios. El complejo está destrozado y tendrán que hacer una importante inversión para ponerlo al día. Por lo pronto, parece un chiquero, con basura acumulada en las zonas comunes, visibles desde una empinada escalera pública que pasa junto al inmueble, en la Avenida de Guayadeque.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.