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El pleno del Cabildo aprobó este viernes varias modificaciones de su presupuesto en vigor por un importe de 27,84 millones, entre las que se incluye la inyección de una partida de 16,67 millones a la Autoridad Única del Transporte (AUT) para pagar la expropiación de los terrenos necesarios para la creación de una línea ferroviaria de casi 58 kilómetros de longitud y 11 paradas entre Santa Catalina y Meloneras.
El consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, aclaró al respecto que el listado definitivo de las parcelas que serán expropiadas para la implantación del modo guiado de transporte público se conocerá después de que el Órgano Ambiental de Gran Canaria emita la declaración de impacto ambiental del proyecto, que podría incluir modificaciones del trazado. «Ahora se trata sólo de habilitar los fondos» porque «el tren no tiene ya marcha atrás», destacó.
A falta de la declaración de impacto y de incluir los terrenos a expropiar los afectados entre los kilómetros 49 y 56 de la línea ferroviaria (el trazado modificado para hacer hueco al parque de ocio Siam Park en El Veril), la puesta en marcha del ferrocarril obligará a la expropiación de más de 2,12 millones de metros cuadrados en seis municipios. Cuatro quintas partes son suelo rural y otra quinta parte es suelo urbanizado.
La superficie afectada, a falta de las citadas modificaciones del trazado se eleva a casi tres millones de metros si se suman los suelos sujetos a imposición de servidumbres y las ocupaciones temporales necesarias para la construcción,
El municipio más afectado es San Bartolomé de Tirajana, donde se expropiarían 613.156 metros cuadrados. Telde, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Las Palmas de Gran Canaria e Ingenio son los siguiente, en este orden. En todo caso, más de la mitad del trazado del ferrocarril discurre bajo tierra, lo que reduce las afecciones en superficie.
Sobre la financiación necesaria para la implantación del tren, estimada hace años en 1.650 millones de euros, Sosa adelantó que Ferrocarriles de Gran Canaria prepara ya el proyecto que presentará a la convocatoria de 2024 del mecanismo Conectar Europa para obtener los primeros fondos.
Queda pendiente de resolver el recurso que presentó al Tribunal General de la Unión Europea por la exclusión del proyecto presentado a la convocatoria de 2023 debido a que el aval del Estado se registró fuera de plazo.
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