El bar Pío Pío de Tauro cierra por un desahucio por impagos

GAUMET FLORIDO Mogán Sábado, 28 enero 2023, 01:00

El bar Pío Pío echa el cierre en Tauro, en Mogán. Una comisión judicial forzó este viernes su clausura ante la curiosidad de bañistas y turistas, que tuvieron en la escena un motivo para escapar del sopor de una mañana calurosa.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mogán, funcionarios judiciales y abogados formaron parte de la comitiva oficial que ejecutó el desahucio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de San Bartolomé de Tirajana. ¿El motivo? Impagos del inquilino.

El desalojo pone fin a la aventura hostelera que inició Francisco Ojeda, el dueño del Pío Pío, hace siete años, pero también a la oferta de restauración de un local que llevaba abierto desde los años 60 y que se había convertido en una referencia en esta playa moganera. Ahora solo quedará un restaurante en este frente del litoral, el Vista Mar.

Fuentes de la propiedad del edificio, situado en primera línea, casi sobre la arena, informan de que instaron el desahucio de Ojeda por acumularles una deuda por impagos de unos 60.000 euros. «Desde 2016 no pagaba nada, ni alquileres, ni el IBI, que también corría de su parte», se quejan. «Le hemos intentado desahuciar hasta en cinco veces y siempre ha logrado frenarlos», protestan.

Además, le atribuyen la realización de «obras ilegales» que han implicado la ampliación del inmueble sin el consentimiento tampoco de la propiedad y que, en caso de una inspección urbanística, habría hecho recaer sobre ellos la responsabilidad. «Por eso también las hemos denunciado, antes de que nos llegaran de vuelta», apuntan.

Mientras la comisión judicial recorría todo el inmueble para dejar constancia del estado en el que estaba y un cerrajero se afanaba en ir cambiando las cerraduras de todas las puertas, Francisco Ojeda, un tanto desorientado y hasta incrédulo, iba apañando cosas, al menos las de más valor, para poder llevárselas, a veces ante la mirada de los turistas, ajenos a la situación.

Francisco Ojeda, aún dentro del local, retirando sus cosas. / C7

Unos descansaban al sol en las mesas de la terraza, que se iban llenando de atarecos, cajas y bolsas para la mudanza, y otros llegaron incluso hasta la barra a pedir la comanda. Ojeda, que casi ni había advertido su presencia, tuvo que decirles, a la manera que tocaba, que no llegaban en el mejor momento. «It's closed», les soltó.

Más combativo se mostró en todo momento su abogado, Ibán Uriarte, que no ocultaba su sorpresa por lo que estaba pasando. Tanto es así que, según su criterio, el desahucio, tal y como se efectuó, «es ilegal».

Aparte de advertir de que no fue notificado en el plazo previsto en la ley para que su defendido pudiese retirar con tiempo los enseres, «máxime cuando se trata de un restaurante», denunció que el magistrado ha obviado que días atrás presentó una querella criminal contra la propiedad y que, por tanto, debió haber aplicado el principio de la prejudicialidad penal y haber suspendido el desahucio. «Además, hay una serie de deficiencias formales de muy variada índole».

«Ayer mismo (por el jueves) presenté un recurso de reforma que me vino desestimado a una hora tardía y enseguida interpuse otro de reposición en el que advertía de que el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no tiene cabida en este proceso y que, además, especifica que si no se procede a la suspensión que estoy pidiendo, se ha de fijar una caución suficiente para una posible indemnización en el caso de que nos den la razón en el trámite penal; pero nada de eso se ha hecho», se quejaba Ibán Uriarte.

Este abogado, siempre desde el respeto, según insistió, tiene la sensación personal de «que se ha antepuesto el orgullo al conocimiento». Y se reserva las acciones que emprenderá a partir de ahora. «Serán muy fuertes, tendrán conocimiento las más altas instancias jurídicas del Estado».

Lo cierto es que el desahucio finalmente se llevó a cabo. Ojeda logró movilizar varios furgones para trasladar sus cosas, mientras la propiedad hizo llamar a una conocida empresa de seguridad para garantizar la vigilancia del inmueble una vez desalojado.