Sonocom reclama hasta 60.000 euros en intereses por el retraso en el pago del congreso

Si la justicia da la razón a Sonocom, a la factura de 500.000 euros que costó el llamado congreso del lujo, celebrado en noviembre de 2022 en San Bartolomé de Tirajana, habrá que sumarle, de entrada, 60.000 euros en intereses de demora que pide esta empresa por el retraso en el pago, al menos hasta la fecha de la interposición de la reclamación judicial del abono, el 29 de enero de 2024. A esta cuantía habría que añadirle, además, los intereses legales de demora devengados desde esa fecha hasta que se haga efectivo el pago de la factura a Sonocom.

Así consta en la demanda interpuesta contra el Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre Local por Sonocom, la entidad a la que este organismo intermunicipal le adjudicó el 14 de noviembre de 2022 la organización del I Congreso de Administración Local y Funcionarios de Habilitación Nacional Maspalomas-Santa Lucía, financiado por los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana (400.000 euros) y Santa Lucía de Tirajana (100.000 euros).

La representación letrada de Sonocom acusa al Consorcio de haberla mantenido más de un año pendiente del cobro de su factura «de forma injustificada, con excusas improcedentes e, incluso, actuando en contra de sus propios actos, como fue solicitar que la factura fuera remitida por correo electrónico para, prácticamente un año después, alegar que no había procedido a su pago porque no se había presentado a través de la sede electrónica».

Esta demanda civil por impago, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde el 30 de abril de 2024, se cruza con otra investigación penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, en el que se indaga precisamente sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental en la tramitación del contrato para organizar este mismo congreso.

Hay fuentes que vinculan este retraso supuestamente deliberado del pago de la factura a esta causa penal paralela, en la que no solo figura como investigado el administrador único de Sonocom, Óliver Armas, sino también la exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y las interventoras municipales de ambos ayuntamientos, Tania y Noemí Naya, respectivamente, entre otros encartados.

En su demanda, que ha sido incluida en los autos de la investigación penal, Sonocom detalla cronológicamente los hechos, con aportación incluida de correos electrónicos y burofax, para probar «la absoluta mala fe y abusividad de la actuación».

La empresa relata que el contrato se suscribió el 14 de noviembre de 2022 por un precio de adjudicación de 500.000 euros y que el servicio, la organización del congreso en sí, entre los días 16 y 19 de noviembre, se prestó «sin que por parte del Consorcio se formulara ningún tipo de reparo, queja u objeción». El 21 de noviembre Sonocom emitió la factura (467.290 euros más 32.710 euros de IGIC) y la entregó el 25 de ese mes por correo electrónico, siguiendo instrucciones del Consorcio.

Atendiendo a la normativa, explica la adjudicataria, la factura debió haberse abonado antes del 18 de enero de 2023. Cuando se le hizo ver que se les iba de plazo, alega el denunciante que el 9 de enero de 2023 el Consorcio les indicó, «de forma injustificada y en absoluta contradicción con las instrucciones» anteriores, que para tramitar la factura «era precisa una memoria técnica y económica».

Pese a su sorpresa, Sonocom remitió ese informe el 14 de marzo de 2023. El 11 de abril volvió a interesarse por el pago mediante otro correo y dado que no tuvo respuesta, envió un burofax al Consorcio el 14 de agosto de 2023, que fue respondido el 31 de octubre con un requerimiento en el que, «de forma sorprendente y absoluta mala fe», el Consorcio manifiesta a Sonocom que no ha tenido constancia de la presentación de la factura ni del informe de gastos y le requería para aportarlo.

Sonocom respondió con otro burofax el 16 de noviembre en el que se le volvía a adjuntar la factura y la memoria. Como no hubo respuesta ni se abonó la deuda, la empresa optó por la demanda.

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