Salvar Chira-Soria recurre el decreto que autoriza el salto hidroeléctrico

La plataforma reclama la anulación del decreto y su desautorización al entender que el Gobierno de Canarias ha asumido competencias de que no le corresponden

EFE Las Palmas de Gran Canaria

La plataforma Salvar Chira-Soria ha recurrido el decreto del Gobierno de Canarias que autorizó el proyecto impulsado por Red Eléctrica de España (REE) para construir la central hidroeléctrica en el barranco de Arguineguín, en Gran Canaria, ha informado este lunes en un comunicado el citado colectivo.

En su recurso, la plataforma reclama la anulación del decreto y su desautorización al entender que el Gobierno de Canarias ha asumido competencias de que no le corresponden, con lo que se contradice, a su juicio, lo dispuesto en el ordenamiento jurídico europeo y estatal.

Según Salvar Chira-Soria, que dice estar dispuesta a llegar «hasta donde sea necesario» en su batalla judicial, en la aprobación de la ejecución de la se ha prescindido «total y absolutamente» del procedimiento administrativo legalmente establecido para ello, pudiendo además los responsables haber incurrido en responsabilidades patrimoniales.

La plataforma considera que se ha cometido una infracción de la directiva 2019/44 UE, así como las anteriores (2009/72/CE, 2003/54/CE y 96/92/CE), por la que impide que los operadores y gestores de la red eléctrica puedan ser también generadores y suministradores de energía evitar un conflicto de intereses.

La plataforma argumenta que en noviembre de 2020, el Ministerio de Transición Ecológica presentó la solicitud de excepción a la menciona directiva 2019/944 ante las denuncias que formalizó el colectivo en Europa y ante las autoridades españolas y sin que hubiera una resolución, el Gobierno Canario y el Cabildo de Gran Canaria, siguieron adelante con el expediente administrativo.

Según el comunicado, se aprobó la declaración de impacto ambiental, la de utilidad pública y se autorizó el inicio de las obras, cuando la propia Ley de Procedimiento Administrativo prevé la suspensión de los plazos legales cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de la UE, por lo que sostiene la plataforma que «todos los actos son nulos de pleno derecho».

En el recurso se enumeran los informes de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) contrarios a que el operador REE genere energía y al proyecto Chira-Soria por su enorme coste, y se apuesta por actualizar las centrales térmicas para que sean más flexibles y por invertir en instalaciones de energía renovable.

Salvar Chira-Soria argumenta también que el proyecto afecta a cuatro espacios de la Red Natura: ZEPA Ayagaures y Pilancones, ZEC Franja Marina de Mogán, ZEC El Nublo II y ZEC Macizo de Tauro II; por lo que, alega, otorgar autorización debe ajustarse a la protección exigida por el Ministerio para la Transición Ecológica, que excluye de forma estricta y literal la implantación de sistemas de almacenamiento con tecnología de bombeo hidráulico en Red Natura 2000.

En opinión de este colectivo, no se ha producido una evaluación adecuada de las repercusiones del proyecto en los distintos espacios de la Red Natura 2000 que resultan afectados y las medidas compensatorias propuestas son insuficientes, por lo que lo se vulneran los artículos 6.3 de la Directiva sobre los Hábitats y de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La plataforma entiende además que el estudio de impacto sobre el Patrimonio Histórico no se ajusta a Ley 11/2019 de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, ni a la normativa de la Unión Europea ni a otros tratados y convenios internacionales suscritos por España y que tratan sobre la conservación del patrimonio histórico y cultural.

Cuestiona también que el estudio de impacto ambiental del proyecto ni el posterior sometido a información pública han abordado los posibles riesgos para la seguridad pública que supone el uso para los fines que se pretende de las presas de Chira y Soria.

En lo sanitario, añade que no se ha tenido en cuenta un informe de la Dirección General de Salud Pública de noviembre de 2020 reconoce «unas afecciones inadmisibles» para la población del barranco de Arguineguín, tanto durante la fase de construcción como de funcionamiento de la central hidroeléctrica.