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En la imagen, uno de los agentes que este martes acudieron a custodiar la entrada de los operarios al edificio. Arcadio Suárez

La regularización de un edificio de pisos solivianta a una parte de los inquilinos

Sardina del sur ·

Un sector se siente amenazado y teme que la empresa busca echarles a la calle. Desde la compañía insisten en que solo tratan de dotar de un contrato y servicios básicos a las 132 familias que viven en Las Brisas

Gaumet Florido

Santa Lucía de Tirajana

Miércoles, 11 de enero 2023, 01:00

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La estampa, a priori, hacía presagiar que habría jaleo. Un grupo de guardias civiles vigilaba este martes desde la acera de enfrente, en la calle León y Castillo, en Sardina del Sur (Santa Lucía de Tirajana). Custodiaba el trabajo de los técnicos que acudieron a colocar contadores de luz en los bajos del edificio Las Brisas de Sardina. Su presencia incomodó a parte de los residentes. Fuentes de la empresa propietaria, en cambio, justifican el dispositivo policial. Los operarios no pudieron hacer su trabajo la última vez que fueron.

  • Miedo a quedarse sin luz Esa era la sensación este martes en la mayoría de los musulmanes que aún no han firmado. «Nuestros hijos se han ido al cole con esa preocupación», se quejaban.

Al final no pasó nada y todo transcurrió sin incidencias, pero la escena resume la tensión con la que una numerosa y muy heterogénea comunidad de vecinos de este histórico pago santaluceño está viviendo el proceso de regularización de un complejo residencial de 132 viviendas de una, dos y tres habitaciones, 136 plazas de garaje y 56 cuartos trasteros.

La empresa Santa Lucía Real Estate SL adquirió el edificio en diciembre de 2021 tras participar en un concurso convocado por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), que depende del Gobierno de Canarias. Recibió una ayuda de 1,6 millones de euros (1.641.990 euros) para acabar de construir el inmueble con el compromiso de que, a cambio, arrendaría las viviendas como VPO de promoción privada durante 25 años, según informó el propio instituto en un comunicado.

Tenían luz de un grupo electrógeno

Ese proceso de regularización conllevará, en este caso, la dotación de las acometidas para la contratación de los suministros de agua y de luz con sus correspondientes cédulas de habitabilidad. Y eso es lo que este martes estaban haciendo los técnicos: colocando contadores de luz. Hace una semana instalaron los de un portal y este martes siguieron con el resto. Este periódico desconoce si acabaron el trabajo.

Hasta ahora los vecinos se servían de un grupo electrógeno alimentado por un motor de 3.000 litros de combustible, que, según denunció NC en 2016, tiene un peso cinco veces superior a la estructura que lo soporta, en la cubierta del edificio.

Los actuales inquilinos fueron entrando desde 2009 en adelante mediante contratos en precario que les ofrecía el anterior promotor pese a que las casas no tenían cédula de habitabilidad, ni referencia catastral ni el inmueble contaba con el preceptivo certificado final de obra, como denunció también en su día el partido Canarias Decide.

Un precio de alquiler inferior al de mercado

El gancho era un precio sensiblemente menor al de mercado, pero la luz era de obra y el agua se la suministraban mediante cubas que conservaban en un depósito comunitario. Así estuvieron hasta que a partir de una sentencia de 2016, que, según alegan los vecinos, confirmó una ejecución hipotecaria a favor del Banco Sabadell, estos se negaron a abonarle al promotor el alquiler y pactaron pagarle solo los suministros, aunque, por lo que apuntan, no todos pagaban lo mismo.

Fuentes de Vivienda afirman que el objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de vida de los que moran en este tipo de inmuebles que quedaron inacabados tras la crisis de 2008, no echarles a la calle, pero parte de los supuestos beneficiarios no lo ve así. Se sienten amenazados y coaccionados.

La empresa dice que más de la mitad ya ha firmado

No solo dudan de la legalidad de los contratos de promesa de arrendamiento que les han pasado a firmar a partir de septiembre de 2022, sino que, una vez leídas las condiciones que les hacen cumplir, tienen claro que serán la excusa para finalmente dejarles sin casa. Otra parte, en cambio, ha firmado y confía en mantener sus viviendas. Desde la empresa apuntaron este martes que más de la mitad ya se ha regularizado con normalidad.

Algunas de las vecinas que desconfían de las intenciones de la empresa.
Algunas de las vecinas que desconfían de las intenciones de la empresa. arcadio suárez

La mayoría de los descontentos forma parte de una comunidad musulmana que ha constituido incluso una asociación para defender sus derechos y que el 4 de enero formalizó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. «No queremos vivir gratis aquí, solo un trato digno, un contrato legal y una garantía de que no nos van a echar», declara el vicepresidente de este colectivo, Mohamed Salem Moussaoui. «Nos amenazan con cortarnos el agua y la luz si no firmamos».

«Quieren vaciar el edificio»

Desconfía de algunas de las condiciones del contrato, como, por ejemplo, que tendrán que figurar como solicitantes de vivienda de protección oficial de promoción privada o la tabla de ingresos mínimos y máximos. «Si yo no cumplo, entonces me tengo que ir con mi familia numerosa, ¿quién se cree que alguien me va a alquilar su casa?».

Su sospecha es clara. «Quieren vaciar el edificio con nuevas condiciones de alquiler, una jugada de póquer ganador». Tiene claro que este complejo residencial no cumple para dotarlo de agua y luz. «Sigue en obras», advierte. «Solo buscan lucrarse».

Para colmo, les solivianta que les están llegando comunicaciones de Hacienda advirtiéndoles de los embargos que pesan sobre el anterior promotor y que temen que les repercuta a ellos. Los hay desde 43.000 euros a 325.000.

Salma, otra saharaui residente, subraya que ella quiere regularizar su contrato, pero no está dispuesta, dice, a abonar otra fianza (ya aportó 900 euros en su día) ni a saldar las mensualidades desde septiembre, como asegura que le reclama la empresa. «Nadie ha venido a hablar conmigo, han repartido unos papeles, pero yo no sé quiénes son», se queja. Además, se siente amenazada. «Hay una señora que amenaza e insulta a mis hijos, tienen miedo de salir a la calle».

Los vecinos se quejan de humedades

Otra parte, como la que representa, por ejemplo, Gema Sánchez, sí ha firmado pese a que se queja de que el edificio necesita todavía mejoras. «Se ha hecho un lavado de cara, pero faltan cosas», apunta. Raysa Cabral tiene una casa de 3 habitaciones y dos baños y se le ha quedado un alquiler de 431 euros. «Lo estoy pagando porque para lo que hay por ahí, estoy de acuerdo». Jéssica Hernández insiste en protestar por las condiciones. Tiene su piso lleno de humedades.

Gema Sánchez, Jéssica Hernández y Raysa Cabral, otras tres residentes en Las Brisas de Sardina.
Gema Sánchez, Jéssica Hernández y Raysa Cabral, otras tres residentes en Las Brisas de Sardina. Arcadio suárez

Fuentes de la empresa subrayan que entre diciembre de 2021 y agosto de 2022 se les hizo llegar cuatro avisos a los vecinos de que debían regularizar su situación a partir del 1 de septiembre. «No pueden alegar que no se han enterado». E insisten en que las puertas de la empresa están abiertas a todos los inquilinos. «El que no ha firmado es porque no quiere, porque damos también facilidades de pago». Mohamed Salem, en cambio, tiene otro punto de vista. «No nos gusta hablar de discriminación, pero muchos indicios apuntan a eso».

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