La presión humana desborda parajes naturales e incrementa el riesgo para especies endémicas

Mario Marrero, miembro de la asociación ecologista, asegura que esta situación se repite desde las lluvias de octubre y, con mayor detalle, explica que en el barranco de Azuaje, ubicado entre los municipios de Moya y Firgas, existen unas normas recogidas en el Plan Director que se están incumpliendo, en referencia al uso recreativo del espacio. El documento establece que la zona debe estar limitada a una «capacidad de carga adecuada para la conservación de los recursos naturales y culturales». Marrero explica que en esta zona existen «plantas únicas en el mundo», con reductos singulares de laurisilva, colonias de delfinos o hábitats de rupícolas en las laderas del barranco. La asociación también destaca la existencia de restos de fósiles y la presencia de agua por su cauce que forman charcas en las que se han detectado «algas únicas». En suma, toda una serie de singularidades que el colectivo teme que puedan estar en riesgo si no se controla la afluencia de personas. «Allí es fácil ver gente paseando con perros y ahora entramos en periodo de cría de aves; es incompatible la presencia de animales domésticos sueltos», añade Marrero.

La asociación matiza que su petición no va encaminada a prohibir el acceso a espacios naturales protegidos: «Queremos que la legalidad existente para el espacio se respete y eso debe hacerlo el Cabildo, que es el responsable de su custodia, conservación y mejora, en colaboración con los ayuntamientos». En este sentido, considera fundamental que la ciudadanía tenga acceso a información del uso recreativo de estos parajes y, al mismo tiempo, reclama mayor presencia de agentes de medio ambiente. «Si nos bañamos en los charcos de Azuaje con protectores solares, contaminamos las aguas, a la microfauna y flora. Si no cuidamos estos espacios, los perderemos», alerta Marrero.

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria reconoce que esta situación preocupa mucho a la Corporación Insular y explica que ya han mantenido reuniones con diferentes ayuntamientos, como Firgas y Moya, y con la Delegación del Gobierno, institución de la que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Archipiélago, para aumentar el número de agentes que vigilen los espacios naturales. «Nosotros tenemos 20 agentes de medio ambiente para toda la isla», señala Jiménez, que están ubicados en los puntos en los que se han detectado mayor número de afluencia de personas. Junto al órgano estatal, intentan multiplicar el control y la vigilancia para «evitar masificaciones en espacios protegidos y que los vehículos no aparquen en los márgenes de las carreteras, algo que genera inseguridad».