Imagen del aparcamiento en la zona de acceso al Roque Nublo durante un fin de semana. / ALEJANDRO RAMOS

La presión humana desborda parajes naturales e incrementa el riesgo para especies endémicas

Una asociación ecologista advierte de que la afluencia masiva tras las lluvias y por las restricciones puede afectar a la flora

IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ (AHORA.PLUS) LAS PALMAS DE GRAN CANADRIA.

Sin espacios en los aparcamientos cercanos al Roque Nublo, visitantes que han decidido recorrer los parajes del emblemático monumento natural de Gran Canaria estacionan sus vehículos al borde de carriles estrechos. El paisaje árido contrasta con el verdor fruto de las lluvias invernales que han dejado imágenes de barrancos en los que discurre el agua y embalses por encima de su nivel habitual. Las estampas dibujadas en el parque rural y en otros entornos, como la Reserva Natural Especial de Azuaje, el barranco de Los Cernícalos o Los Tilos de Moya, suponen un aliciente para numerosas personas que los fines de semana deciden recorrer sus senderos y, al mismo tiempo, una alternativa de ocio ante las restricciones impuestas en la isla por la pandemia de coronavirus. La asociación La Vinca Ecologistas en Acción ha mostrado su preocupación ante el riesgo de que puedan resultar afectadas especies endémicas y ha alzado la voz para que el Cabildo de Gran Canaria incremente la vigilancia y el control de unos espacios «saturados más que otros años». Una percepción que la corporación insular confirma: «Hay un desborde exagerado de personas», asegura Inés Jiménez, consejera de Medio Ambiente, una circunstancia que achaca «a la realidad actual».

Mario Marrero, miembro de la asociación ecologista, asegura que esta situación se repite desde las lluvias de octubre y, con mayor detalle, explica que en el barranco de Azuaje, ubicado entre los municipios de Moya y Firgas, existen unas normas recogidas en el Plan Director que se están incumpliendo, en referencia al uso recreativo del espacio. El documento establece que la zona debe estar limitada a una «capacidad de carga adecuada para la conservación de los recursos naturales y culturales». Marrero explica que en esta zona existen «plantas únicas en el mundo», con reductos singulares de laurisilva, colonias de delfinos o hábitats de rupícolas en las laderas del barranco. La asociación también destaca la existencia de restos de fósiles y la presencia de agua por su cauce que forman charcas en las que se han detectado «algas únicas». En suma, toda una serie de singularidades que el colectivo teme que puedan estar en riesgo si no se controla la afluencia de personas. «Allí es fácil ver gente paseando con perros y ahora entramos en periodo de cría de aves; es incompatible la presencia de animales domésticos sueltos», añade Marrero.

La asociación matiza que su petición no va encaminada a prohibir el acceso a espacios naturales protegidos: «Queremos que la legalidad existente para el espacio se respete y eso debe hacerlo el Cabildo, que es el responsable de su custodia, conservación y mejora, en colaboración con los ayuntamientos». En este sentido, considera fundamental que la ciudadanía tenga acceso a información del uso recreativo de estos parajes y, al mismo tiempo, reclama mayor presencia de agentes de medio ambiente. «Si nos bañamos en los charcos de Azuaje con protectores solares, contaminamos las aguas, a la microfauna y flora. Si no cuidamos estos espacios, los perderemos», alerta Marrero.

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria reconoce que esta situación preocupa mucho a la Corporación Insular y explica que ya han mantenido reuniones con diferentes ayuntamientos, como Firgas y Moya, y con la Delegación del Gobierno, institución de la que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Archipiélago, para aumentar el número de agentes que vigilen los espacios naturales. «Nosotros tenemos 20 agentes de medio ambiente para toda la isla», señala Jiménez, que están ubicados en los puntos en los que se han detectado mayor número de afluencia de personas. Junto al órgano estatal, intentan multiplicar el control y la vigilancia para «evitar masificaciones en espacios protegidos y que los vehículos no aparquen en los márgenes de las carreteras, algo que genera inseguridad».