La política de subvenciones del Cabildo enfrenta al gobierno con la oposición

Gobierno y oposición en el Cabildo andan a la gresca por la política de subvenciones de la institución insular. Esa discrepancia se dejó sentir nuevamente en la sesión plenaria de este miércoles, la correspondiente al mes de mayo. El ejecutivo que preside Antonio Morales aprobó dos modificaciones de crédito por valor de casi 16 millones de euros (15,9) en medio de la queja casi unánime de la oposición porque criticaron que con ambas se da el visto bueno a dos nuevos listados de ayudas otorgadas a dedo, sin una libre concurrencia competitiva. Estos trámites incrementan el presupuesto aprobado en 2024 vía remanentes del 2023.

La primera modificación asciende a 14,9 millones de euros y figuró en el orden del día, mientras que la segunda, de 977.790 euros, entró entre los asuntos de urgencia. Entre las dos permitirán incrementar el Plan Estratégico de Subvenciones en 2,2 millones para ayudas a 33 colectivos, ayuntamientos o eventos, entre los que destacan los 570.000 euros para una nave taller de la Mancomunidad del Norte; o, directamente, hacer inyecciones de crédito a instituciones propias, como los 8 millones de euros para el Consejo Insular de Aguas, o a terceras, como el millón de euros para ayuda humanitaria en Palestina a través de la Unrwa, que fue en la que Vox puso el acento de su crítica, con el inmediato reproche del consejero de Solidaridad, Carmelo Ramírez, que defendió que ayudará a atender a 6 millones de refugiados palestinos.

Vidina Cabrera, de CC, atribuyó que el gobierno lleve ya cinco modificaciones de crédito (dos aprobadas ayer) en lo que va de año a «una mala planificación» y les recordó que en 2023 dejaron sin ejecutar 200 millones de euros; Yeray Suárez, de Vox, les tachó de «gobierno regadera» porque no hace sino «regar subvenciones con el dinero de los grancanarios», y Miguel Jorge Blanco, del PP, habló de «fracaso en la gestión presupuestaria».

Su principal crítica se centró en el «clientelismo político de regar subvenciones a todo el mundo». «Es verdad que al principio colocan las partidas en el presupuesto en concurrencia competitiva, pero mes a mes van vaciando esas partidas y les van colocando a dedo nombres y apellidos». Tampoco entiende que se destinen ayudas para gastos de funcionamiento de instituciones como el Ayuntamiento de Guía y su mercado agrícola.

Pedro Justo, consejero de Hacienda, les reprobó que cayeran en la «demagogia», les recordó que lo que hacen es «poner el dinero en funcionamiento y aplicarlo», por lo que anunció más modificaciones de crédito «por el bien de todos» y sacó pecho del nivel de ejecución presupuestaria de este gobierno, que en 2021, 2022 y 2023 superó sucesivamente sus propios récords históricos.

Además, en la misma sesión se aprobó otra modificación de crédito de Turismo de Gran Canaria por valor de 805.000 euros que irá destinada a dos patrocinios (uno de 160.000 euros para el Circo del Sol) y tres ayudas (una al Ayuntamiento de Santa Lucía para promoción en el Orgullo de Madrid 2024, con la crítica, otra vez, de Vox). Y por urgencia se validaron otras tres modificaciones de crédito del Instituto Insular de Deportes para invertir más de 500.000 euros en instalaciones deportivas en San Bartolomé de Tirajana, Arucas y Valsequillo.

El momento más tenso se vivió al cierre del primer bloque de la sesión, justo antes del receso. El gobierno insular llevó una moción para apoyar la creación del Estado de Palestina y denunciar el genocidio de Israel en los territorios ocupados.

Salió adelante con los votos de la mayoría de gobierno, de NC y PSOE, pero lo hizo tras la desaprobación de parte del público presente, una representación de la comunidad palestina, a los argumentos del portavoz de Vox y después también de un choque entre este, Yeray Suárez, y el presidente, que lo llamó dos veces al orden al quejarse de que Ramírez, consejero de Solidaridad, lo tildara de «cobarde».

El consejero de la formación de extrema derecha desmintió la acusación de genocidio porque «decenas de miles de muertos de una población de 5 millones de personas no es un genocidio». Este argumento y su afirmación de que Israel «respeta los derechos humanos y venera la vida» exasperó a una persona del público. «No puede ser que se manipule sobre tanto dolor», se quejó a voz en grito, pero Morales le pidió respeto al debate.

Frente a la tesis de Vox, Hidalgo, del PSOE, le demostró que lo que está sufriendo Gaza encaja en los 5 requisitos que fijó el Estatuto de Roma para un genocidio, le dejó claro que ese delito no depende del número de gente masacrada (le recordó que el de Srebrenica, en Bosnia, acabó con la vida de 8.000 personas y fue declarado un genocidio por la Corte Penal Internacional) y arremetió contra el gobierno de Israel, al que calificó de «extrema derecha» y «criminal».

Ramírez (NC) le reprochó que recurriese a la mentira para justificar su posición y le recordó que quien está llevando a cabo una «matanza planificada» de 40.000 palestinos, muchos de ellos, mujeres, niños y ancianos, es Israel y su ejército, «los amigos de Vox». «Los únicos que están alineados con los terroristas son los señores de Vox, porque son los que están justificando esta matanza». Se emocionó en sus dos intervenciones.

La larga sesión plenaria de mayo, que agotó las horas de debate que permite el reglamento, entre las 10.00 y las 17.00 horas, dio también para que el consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, anunciase la previsión de que los trabajos de ampliación de la GC-41, entre Telde y Valsequillo, empiecen en septiembre, y para que el responsable de Medio Ambiente, Raúl García Brink, avanzase que se prorrogará otros 6 meses más, a partir de septiembre, el plan de ejecución temporal que permite destinar a 8 agentes de Medio Ambiente para vigilar las Dunas de Maspalomas.

Salvo la moción sobre Palestina que apoyó el gobierno y otra sobre fibromialga de Vox, el resto de las propuestas fueron rechazadas por el ejecutivo insular. No a la de CC para un campo de fútbol en Cardones, en Arucas, porque el Ayuntamiento se replantea el proyecto; no a la del PP para alquiler social de viviendas porque el Cabildo ya tiene previsto destinar más dinero aún a esas políticas; no a la de las familias de Vox por sus referencias negativas a la inmigración y su idea de familia (solo le apoyó el PP); no a estudiar una tasa ecológica para acceder a espacios protegidos que propuso CC y no al plan contra las adicciones de Vox.

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