El personal de las prisiones grancanarias pide mejoras tras el asesinato de Núria

Los sindicatos que representan al personal de las prisiones de Gran Canaria –Salto del Negro y Juan Grande– apoyan las reivindicaciones que han ido exigiendo desde sus organizaciones nacionales al Gobierno de España tras el asesinato de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona). Estas son, en síntesis, que los funcionarios de prisiones sean considerados ser agentes de la autoridad, como así son los de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de su inclusión en el grupo de profesiones de riesgo, la equiparación salarial, la formación continua en horario laboral y la adecuación de las sanciones a internos.

Este lunes se celebraron diversas movilizaciones en forma de protesta en varios centros penitenciarios del país, unas acciones que se iban a desarrollar tanto en Las Palmas I como en Las Palmas II, pero finalmente no se produjeron por problemas organizativos.

Con estas acciones que tuvieron lugar el lunes, los funcionarios pretenden solidarizarse con sus compañeros de prisiones de Cataluña reclamando al Gobierno que los profesionales de las cárceles «dejen de ser invisibles», ya que consideran que «esta muerte se podía haber evitado».

El crimen lo cometió Iulian S.O, de nacionalidad rumana y 48 años, quien acabó con la vida de Núria L., la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric y luego se suicidó. El hombre, que estaba destinado a la cocina del presidio en el marco de su plan de reinserción, blandió un cuchillo y se lo clavó la jefa de la cocina, también de 48 años y que era una profesional contratada por el Centre de Iniciatives per la Reinserció del Departamento de Justicia. El ataque contra la cocinera fue parecido al asesinato que cometió Julian S.O. en 2016 y por el cual cumplía condena.

Debido a la protesta, unos 4.000 internos de centros penitenciarios de Cataluña no pudieron salir de sus celdas como consecuencia del bloqueo de los accesos por parte de los trabajadores de prisiones.

Los recintos penitenciarios en el resto de España dependientes de la Administración central que se adhirieron a los bloqueos en los accesos fueron Archidona (Málaga II), Albocáser (Castellón II), Soto del Real (Madrid V), Aranjuez (Madrid VI), Murcia I, Sevilla II, Picassent (Valencia), Dueñas (Palencia) y Fontcalent (Alicante).

No obstante, según fuentes de instituciones penitenciarias, en estos casos los parones no repercutieron en la actividad ordinaria dentro de los centros ni se produjeron incidentes.

En Gran Canaria, representantes del sindicato Tampm Prisiones –el mayoritario–, afirman que «estamos con los compañeros de Cataluña y mostramos nuestro descontento generalizado después de que se traspasara una línea roja con internos condenados por delitos de sangre que trabajan en las cocinas con cuchillos».

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