El personal laboral de Agaete salta por la revisión de sus derechos salariales

Las nuevas condiciones retributivas que se pretenden aplicar supondrían una pérdida adquisitiva anual de 9.000 a 15.000 euros al año. Más concretamente, por ejemplo, un diplomado o licenciado vería reducido su sueldo mensual de 500 a 1.000 euros, denuncian los afectados, que apunta que esta medida «perjudica» sus derechos y libertades fundamentales como empleados públicos.

Según explican los trabajadores, el consistorio alega que inicia el proceso de negociacion porque «existe una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que considera que no se deben aplicar los convenios sectoriales de empresas privadas a la administración pública» debido a que contradicen los límites que tienen los presupuestos general del Estado». Esto significaría que los conceptos de antiguedad de más de 20 años, quinquenios y trienios, «los quieren pagar acorde al estatuto básico del empleado público cuyos importes son menores», critican.

«El objetivo, sin duda, es ahorrarse dinero del capítulo 1 de personal», apuntan. «De hecho, el nuevo Gobierno comenzó con el despido de todos los trabajadores de la escuela de música y ahora, quieren privatizar la biblioteca pública y anexos, el servicio de asistencia a domicilio y mantiene un conflicto con la Policía a los que no que quieren pagar las horas extras como se venía haciendo», concretan los trabajadores.

El pasado lunes tuvo lugar un primer encuentro de negociación que resultó infructuoso porque los representantes sindicales y el comité de empresa abandonaron la reunión. La previsión es que el próximo lunes se produzca un acercamiento que comience a dar fruto para un futuro convenio colectivo.

El alcalde de Agaete, Jesúz González, asegura que la única intención del Gobierno local es «ordenar la situación administrativa» del Ayuntamiento para lo que se han tomado algunas decisiones «delicadas y nada sencillas» como la de la escuela de música. En el caso de la plantilla laboral indefinida, el escenario es claro: están funcionando con convenios que «no se ajustan a la administración pública y por eso hemos convocado al comité de empresa, para resolverlo», matiza el responsable municipal.

González hace hincapié en que no puede permitir «agravios comparativos» con los funcionarios que sí se rigen por convenios de empleados públicos y «administrtativamente hablando tenemos que velar porque se ajuste todo a la ley, lo que no significa que vayan a perder sus derechos». «Estoy seguro que la negociacion llegará a buen puerto», añadió el alcalde.