Narváez defiende la legalidad de su actuación en el 'congreso de lujo'

El primer lugar, que mis actuaciones como alcaldesa se han ceñido en todo momento, de forma estricta, dentro de los márgenes de la legalidad en los preceptos relativos a la contratación de servicios, en este caso al Congreso Nacional de I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas- Santa Lucía 2022, (celebrado del 16 al 19 noviembre de 2022), tal como recoge la propia Ley de Contratos del Sector Público.

En segundo lugar, quiero significar que estoy a plena disposición de Fiscalía del TSJC y de cualquier otra instancia judicial para colaborar, aclarar y aportar toda la información que se me requiera, con la plena confianza y seguridad de la independencia del órgano judicial.

No oculto el daño que esta denuncia ha provocado, tanto como cargo público y personalmente, pero de la misma forma quiero expresar mi rechazo contundente, al tiempo que sereno, a las maniobras de descrédito que ha emprendido el señor Marichal, lesionando una y otra vez mi imagen y mi trayectoria pública, con el único objetivo de exterminar a una contrincante política, valiéndose de la descalificación permanente, vulnerando así el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Siempre he sido partidaria de dejar hacer y dejar trabajar a la administración judicial, evitando derramar la intoxicación para quebrar la imagen de cualquier contendiente y generar un rédito público a costa del uso de las malas artes. Y, por desgracia, esa es la estrategia emprendida hacia mí persona.

Reitero: Demos tiempo al tiempo. Dejemos trabajar sin presión alguna a la autoridad judicial competente para que dirima y resuelva este asunto desde el criterio legal.

Desde la plena conciencia de que mi actuación, en este caso y en toda mi andadura como representante pública, ha estado ajustada a derecho y, de la misma forma, también desde el aspecto ético de mis decisiones, dentro y fuera de la administración pública, reitero mi plena confianza en las resoluciones judiciales.