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Los 44 centros de menores tutelados en situación de desamparo que hay en la isla y que dependen del Cabildo han pasado de atender a 367 menores a 463 en solo un año, según el dato que reveló la consejera insular de Política Social, Isabel Mena, en el último pleno de la corporación cabildicia. Hizo este anuncio en respuesta a una pregunta de Pepa Luzardo, del PP, sobre el plazo que se ha marcado la institución para sacar a concurso, por la modalidad del concierto, la gestión de esos centros que no son atendidos por personal propio del Cabildo.
Este incremento en nada menos que 100 niños y adolescentes en solo un año se debe, según explicó, a que solo se producen entradas en esta red pública de prevención, pero no salidas. Esta última gestión es competencia del Gobierno de Canarias, que, sin embargo, no está resolviendo «con agilidad» las soluciones que permitirían que esos menores salieran de estos pisos tutelados a familias de acogida, en régimen de adopción o bien pudieran volver con sus familias biológicas, en función del caso.
«No solo cumplimos con nuestra competencia y nuestra obligación, sino que hemos abierto centros por la vía de la emergencia cuando ha hecho falta. Nunca hemos dejado a niños fuera del sistema», le recalcó Mena a Luzardo.
No en vano, en declaraciones a este periódico, apostilló que pese a que en la modificación de la Ley del Menor, que data de 2015, se dejaba claro que los menores de 6 años no deben estar institucionalizados (y especialmente los menores de 3), el Cabildo ha asumido en esos momentos la guarda de 28 niños menores de 6 años, de los que 13 tienen menos de 3 años, 4 ya suman los 3 años y el resto está entre los 3 y los 6. «De hecho, hemos tenido que volver a montar una maternal», confiesa, pese a que, al menos según la ley, ese recurso debería tender a desaparecer.
Ese 'tapón' administrativo y burocrático en el que parece instalado el Gobierno de Canarias está dando lugar, además, a otra consecuencia en detrimento de los menores. A pesar de que la normativa especifica que en un plazo de dos años ha de dársele una salida a los niños y niñas que estén en situación de desamparo, el Cabildo tiene menores que han sobrepasado esos dos años de residencia en un hogar tutelado. «Yo entiendo que estamos en una situación de crisis humanitaria que le genera al Gobierno un estrés administrativo, pero eso no lo deben pagar los niños», subraya la consejera.
Luzardo se interesó por los plazos del nuevo concurso ante el retraso en los pagos que están sufriendo las entidades que gestionan los centros de menores, cuyos contratos están en situación de nulidad al no hallarse en vigor.
De los 44 centros que dependen del Cabildo, 36 (con 10 plazas cada uno) son pisos tutelados gestionados por entidades externas, pero con control, supervisión y financiación de la institución insular; 4 hogares más de este tipo son propios del Cabildo, con personal público; 3 son centros de atención inmediata (CAI), también llevados por entidades y con recursos públicos y otro CAI lo asume directamente la corporación. Los CAI son de 20 plazas cada uno.
Mena no dio fechas, solo dijo que las entidades están empezando a cobrar estos días y que los pliegos del concurso, que saldrá en la modalidad de concierto, están en fiscalización.
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