Yoel decía que eran «terroristas de internet» y hackeó también a Broncano, Évole, Cintora y Grisso
El investigado, de 19 años y natural de Arinaga, justificó su campaña como un «escarmiento» y fue vinculado a canales de ideología antisistema que alentaban el acoso con los datos robados
Se hacía llamar 'Akkaspace' y llegó a presentarse públicamente como un «terrorista de internet». Bajo esa identidad, Yoel O.Q., el joven grancanario de 19 años detenido en Arinaga, desplegó durante el mes de junio una campaña coordinada de filtración y difusión masiva de datos personales que afectó a decenas de altos cargos políticos, periodistas y rostros conocidos de la televisión en España. El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional acordó este jueves su puesta en libertad provisional con medidas cautelares tras imputarle delitos de terrorismo de baja intensidad con base en delitos informáticos y coacciones a instituciones del Estado.
El investigado accedió de forma ilícita a bases de datos desde las que obtuvo información confidencial que posteriormente publicó, por entregas, en canales públicos de internet. Entre las víctimas se encuentran el presidente del Gobierno, varios ministros, líderes parlamentarios, diputados autonómicos y antiguos altos cargos. Pero no solo cargos institucionales: también se vieron afectados periodistas como David Broncano, Jordi Évole, Jesús Cintora y Susanna Griso, entre otros, cuyas identidades, domicilios, DNI y números de teléfono fueron difundidos sin autorización, acompañados de mensajes intimidatorios.
Personas como Susanna Griso sufrieron «llamadas continuas, incluso día y noche, a menudo con insultos o amenazas», recoge el auto.
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El auto judicial recoge que el joven llegó a amenazar directamente a algunas de sus víctimas. En el caso del periodista Manuel Castaño, una llamada telefónica atribuida al propio 'Akkaspace' le exigía una entrevista en la que debía justificar y publicar sus acciones, bajo la advertencia de colocar una bomba si no accedía. A otros afectados se les amenazó con la publicación de información sobre familiares, y se difundieron imágenes con frases como «a cada cerdo le llega su San Martín» junto a símbolos de fuego o mirillas telescópicas.
El patrón se repitió en todas las filtraciones. Ortega accedía presuntamente a las bases de datos mediante herramientas de hackeo, obtenía información sensible de personalidades públicas y procedía a su publicación en plataformas como Doxbin y canales de Telegram. En esos mismos espacios, además, ofrecía en venta la herramienta con la que aseguraba haber accedido a los datos, cobrando en bitcoins a través de un monedero alojado en Binance a nombre de un segundo investigado. En sus intervenciones públicas, Ortega justificaba sus actos como una forma de «escarmiento» por la corrupción política y se describía como parte de un grupo llamado «etarras digitales», aunque insistía en actuar en solitario.
Los informes policiales recogen una lista detallada de personas afectadas. Además de Sánchez y varios miembros del Gobierno, figuran periodistas, escritores, analistas políticos y presentadores de televisión. Entre los afectados también hay activistas de redes sociales, afiliados de partidos políticos como Podemos, y usuarios anónimos de la red social X (antes Twitter). La última publicación atribuida a Akkaspace incluye más de 3.000 credenciales de acceso al portal de afiliados de dicha formación.
El juez instructor considera que los hechos pueden encuadrarse en los delitos de terrorismo de baja intensidad cuando se emplean medios informáticos para coaccionar, desestabilizar o alterar gravemente la paz pública. El auto subraya que la finalidad era «entorpecer la labor institucional y la vida pública», así como obligar a representantes políticos y sociales a «renunciar o dificultar» su actividad. Añade que muchas víctimas han sufrido llamadas constantes, amenazas, insultos y acoso coordinado, lo que ha derivado en situaciones de inseguridad y riesgo.
Pese a todo, y tras escuchar al Ministerio Fiscal y al propio investigado, el magistrado acordó dejarlo en libertad provisional. Se le impone la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, la designación de un domicilio y un teléfono de contacto, así como la prohibición de comunicarse con otros investigados. Se le advierte de que cualquier incumplimiento podrá suponer su ingreso en prisión. La resolución puede ser recurrida.
La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional, donde se investigan también posibles accesos a bases de datos de organismos públicos y la participación de terceros en la difusión del contenido filtrado.
Hasta 74 personas víctimas del hackeo
Entre las víctimas afectadas por la filtración masiva de datos personales atribuida al usuario Akkaspace se encuentran representantes de las más altas instituciones del Estado, miembros de gobiernos autonómicos, antiguos cargos políticos y periodistas de gran visibilidad pública. Los datos personales de todos ellos —incluidos teléfonos móviles, direcciones, DNIs y correos electrónicos— fueron expuestos de forma organizada en plataformas accesibles desde canales públicos en internet.
En el núcleo de la filtración figuran miembros actuales del Gobierno de la Nación y de las Cortes Generales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fueron señalados entre los primeros objetivos. También se vieron afectados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; el de Agricultura, Luis Planas; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la titular de Inclusión, Elma Saiz. La lista continúa con Ione Belarra, diputada y exministra de Derechos Sociales; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia; y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. A ellos se suman Francina Armengol, presidenta del Congreso; Esther Gil, vicepresidenta de la misma Cámara; Pedro Rollán, presidente del Senado; y diputados como Mercedes Aizpurua, Elvira Rodríguez, Rafael Catalá, Carlos Martín, José Luis Ábalos, Carmen Navarro y Enrique Santiago.
También fueron afectados presidentes autonómicos y diputados regionales, como Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía; Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña; María Guardiola, presidenta de Extremadura; y José Ramón Nadal, diputado valenciano.
En el grupo de antiguos altos cargos, se incluyen exministras como Irene Montero, María Dolores de Cospedal, Isabel García Tejerina y Ana Pastor; exlíderes como Pablo Iglesias y Pablo Echenique; y exdiputados como Rafael Mayoral, Santos Cerdán, Isaura Navarro y Antonio Maíllo. Figuran también exsenadores como Jesús Sepúlveda, y otros políticos como Ángel Sanchis, Oriol Junqueras, Mónica Oltra, Cayo Lara, Carlos Fabra, Ada Colau, Guillermo Ortega, Ricardo Galeote, Sixto Egido y Koldo García.
El alcance de la filtración también llegó a periodistas y rostros conocidos de la televisión y los medios digitales. Entre ellos, David Broncano, Jordi Évole, Ignacio Escolar, Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Ana Rosa Pastor, Carla Galeote, Antonio Maestre, Sarah Pérez, Afra Blanco, José Miguel Monzón (El Gran Wyoming), Marc Giró, Susanna Griso, Sonsoles Ónega, Ana Pardo de Vera y Raúl Solís.
El listado lo completan otros nombres con menor proyección pública, pero igualmente identificados como víctimas: Víctor de Aldama, José Antonio Vico, Isidoro Román, Montserrat Alonso, Julia Díaz y otros particulares, algunos de los cuales fueron señalados como familiares de políticos o activistas digitales.
El conjunto de afectados, que incluye tanto a representantes institucionales como a profesionales de la comunicación, fue objeto de un patrón de ataque basado en la exposición de datos personales acompañada de mensajes intimidatorios, con el objetivo, según el juez instructor, de generar una campaña coordinada de acoso, coacción y desestabilización pública.
