Los vertidos de aguas pretratadas se han reducido un 66% en seis años

Esta estación ha pasado de depurar unos 2.500 metros cúbicos diarios de aguas residuales a cerca de 5.000, esto es, el doble.

Aún así, el Ayuntamiento sigue sin ofrecer una cifra del volumen de agua pretratada o depurada que sigue vertiendo sin el permiso correspondiente del Gobierno de Canarias.

El hecho de que se emita menos cantidad no ha supuesto impedimento alguno para que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural haya impuesto una multa de 30.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por verter sin autorización a través del emisario submarino del Teatro.

Este martes, la concejala de Servicios Públicos del Consistorio, Inmaculada Medina, aseguró que las eyecciones se estaban produciendo sin permiso desde 2014.

Sin embargo, otras fuentes indicaron que en ese momento se inició la tramitación de la renovación de la autorización ambiental que tenía esta práctica. «Se considera que mientras está en trámite, la autorización sigue vigente», detallaron, «pero en julio de 2017 se da por finalizada la tramitación por medio de una resolución del Gobierno de Canarias como consecuencia de que el Ayuntamiento no respondió a los distintos requerimientos hechos por la Comunidad».

La denegación de la autorización de la Comunidad tiene fecha de 17 de julio de 2017. «Se deniega la autorización de vertidos desde tierra al mar para efectuar el vertido de aguas pretratadas procedentes de la estación de bombeo de aguas residuales del Teatro, y las aguas depuradas y salmuera procedentes de la estación depuradora de aguas residuales de Barranco Seco, a través del emisario submarino del Teatro».

Ocho días después, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural remitía un oficio al Consistorio para poner en su conocimiento que la realización de vertidos sin autorización «supone la comisión de una infracción tipificada y calificada como grave en el artículo 90.2h) de la Ley 22/1998 de Costas, sancionada en el artículo 97.1.a) del mismo texto legal con multa de hasta 300.000 euros».

Por eso, el 5 de abril de 2018 se inició un procedimiento de legalización del vertido, cuyo expediente fue registrado con el número 2018/7666. Sin embargo, la petición fue desestimada el 8 de marzo de 2019.