Vecinos del Puerto denuncian los conciertos y la feria del carnaval: «Fue una tortura insoportable»
El recurso presentado por tres comunidades y 50 vecinos más en los tribunales no afecta a los actos principales, como galas o cabalgatas de Las Palmas de Gran Canaria
Tres comunidades de vecinos y 50 ciudadanos a título individual de la zona Puerto han presentado un recurso contra la celebración de los conciertos y la feria del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2025 y han reclamado al juez que evite que en 2026 y en años posteriores se repitan los daños sufridos como consecuencia de la celebración de estos eventos en el circuito proyectado por el Ayuntamiento entre el parque de Santa Catalina y la plaza de Manuel Becerra a través de Eduardo Benot.
La denuncia no ataca el resto de actos del carnaval, como las cabalgatas o las galas. Tan solo se centra en los conciertos -diurnos y nocturnos- y en la feria de atracciones. El recurso realiza un recuento extenso de los conciertos celebrados en el pasado carnaval: 32 en la plaza de La Luz; 29 en Manuel Becerra; y 33 en el entorno del Mercado del Puerto, tanto en horario de tarde como hasta las 05.00 horas, «lo que constituyó una tortura insoportable para los vecinos».
«A ello hay que unir los días de los respectivos ensayos previos, y las inmisiones que generaban los servicios municipales de limpieza a las 6 de la mañana para limpiar», añade la denuncia, «además, los chiringuitos estaban instalados con grupos electrógenos que funcionaban 24 horas cada día para mantener el frío de sus neveras en su interior y que generaban ruido, humo y olor a gasoil en las viviendas, lo que fue comunicado al Ayuntamiento sin que hubieran hecho nada al respecto, sometiendo a los residentes a inmisiones múltiples 24 horas cada día hasta la finalización».
También contabiliza 22 conciertos de día «con música a un volumen desorbitado» en el parque de Santa Catalina, con referencia explícita a las molestias de movilidad que generó en concreto el de Maluma; o los 38 actos musicales de la plaza Islas Canarias.
Los denunciantes aseguran que los niveles de ruido superaron con creces los límites permitidos, pero también lamentan haber soportado otras molestias. Así, se refieren a una «absoluta servidumbre acústica, lumínica y de humos y olores que no tienen la obligación de soportar y una grave afección a sus derechos fundamentales y a su salud, que impiden el uso normal de sus viviendas, tanto de día como de noche».
Ruidos y polvo por la feria de atracciones
En cuanto a la feria de atracciones, la denuncia detalla que «los residentes tuvieron que soportar un mes continuo de ruido y polvo por las obras de acondicionamiento para la instalación de la feria de atracciones», a lo que se sumaron 17 días seguidos de actividad «a escasos metros de viviendas, con las consiguientes inmisiones por ruido y griterío, así como contaminación lumínica, que afectaron a las viviendas y a sus residentes». Y denuncian que se incumplió el horario de cierre ya que hubo atracciones en marcha hasta la una de la madrugada.
Ante este «atropello y afección a sus derechos fundamentales y a su salud por la previsible realización de nuevos eventos ya anunciados», los denunciantes solicitan al juez que «en ningún caso autorice en esta anualidad ni en las futuras, la instalación y
funcionamiento de actividades contaminantes de carnaval o similares, hospitalito, noches de carnaval, carnaval de día, chiringays, chiringuitos, casetas, conciertos, Feria de Atracciones o similares, en las zonas y calles objeto de la reclamación, ni de día ni de noche».
Entre los denunciantes hay personas en situación sanitaria vulnerable. De hecho, se cita situaciones de personas que sufren enfermedades como migraña crónica, patologías crónicas de oído, fibromialgia o deterioro cognitivo, para los que la alteración de las condiciones mínimas de descanso puede suponer un daño importante para su salud.
Aparte de los ruidos de los conciertos, la contaminación lumínica y las emisiones de gases, estos vecinos se quejan también del griterío en la calle, los botellones, el vandalismo y el ruido propio de las tareas de limpieza.
«Cada año va a peor, siendo lo vivido por mis mandantes este año 2025 una auténtica tortura por la intensidad y prolongación de las inmisiones y de la contaminación múltiple aludida», señala la representación legal de los denunciantes.
Para los vecinos, el nivel de afección es tan grande que no se puede poner remedio al daño que sufren en sus hogares.
Estos ciudadanos entienden que la única solución que queda es que el juzgado acuerde que «la actividad denominada carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025, tanto diurna como nocturna, y la de los años sucesivos, se traslade fuera de dichas zonas, a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos dada su incompatibilidad con los usos propios del carácter residencial del entorno. Ello a la vista de que tampoco es posible adoptar respecto de dicho evento medidas eficaces que impidan las consecuencias referidas para los vecinos afectados».
Los antecedentes
El recurso contencioso-administrativo hace también un repaso por las fiestas que han sido anuladas por los tribunales ante la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos, como ocurrió con la prohibición de celebrar los mogollones en el parque blanco y en Santa Catalina (2002), el oktoberfest de Vegueta (2019) o el carnaval de día también en Vegueta (2021).
«Pese a la existencia de distintas sentencias de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Tribunal Supremo, que insiste en indicar al Ayuntamiento la incompatibilidad del uso residencial y la necesidad de buscar una ubicación que no afecte a los derechos fundamentales preferentes de los residentes, el Ayuntamiento hace caso omiso, razón por la que se interesa nuevamente el amparo judicial», detalla el recurso.
En este sentido, se cita a la concejala de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, por aprobar e impulsar los actos de carnaval «haciendo caso omiso a las reclamaciones presentada por mis mandantes, muchos de avanzada edad, algunos con trabajos a turnos que precisan descanso diurno, de distintas edades y profesiones, residentes enfermos, ancianos, niños, personas especialmente vulnerables con incapacidades declaradas por sentencias firmes, o simplemente personas que desean hacer un uso normal de su vivienda tanto de día como de noche, como es legítimo, así como poder descansar».
Por este motivo, los recurrentes reclaman al juez que «proceda a la tutela inmediata y restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas físicas que viven en los edificios de mis mandantes, y evite la producción de ruidos e inmisiones y vibraciones, contaminación lumínica, afecciones de movilidad, accesibilidad, seguridad, y demás efectos indirectos y aditivos denunciados, tanto de día como de noche».
