Cada vecino de la capital pagó 552 euros en impuestos en 2021, 33 euros más que el año anterior

Con estas aportaciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pudo recaudar el año pasado algo más de 209 millones de euros, según consta en el documento de liquidación del presupuesto que se aprueba este viernes en sesión plenaria.

El dato puede interpretarse como un indicio de la vuelta a la normalidad después de que en 2020 se alcanzara el nivel más bajo de los últimos tiempos.

Hay que recordar que en 2019 el esfuerzo tributario de cada ciudadano fue de 607 euros; en 2018, de 629 euros; y en 2017, de 584 euros.

Los 209 millones de euros con los que el Consistorio capitalino recargó a sus vecinos para mantener los servicios públicos quedaron un 5% por debajo de las previsiones iniciales, que eran de 220,59 millones de euros.

Esta disminución se entiende básicamente por la caída de los ingresos por tasas que se quedaron en 19 millones de euros, la cifra más baja de los últimos cinco años.

Ni siquiera el aumento del capítulo de impuestos indirectos (+3 millones respecto a las previsiones iniciales) sirvió para equilibrar la pérdida sufrida en materia de tasas (-10 millones de euros).

De estos diez millones, algo más de dos millones de euros se debieron a la suspensión de cobro que se activó sobre siete tributos para aliviar el impacto de crisis en negocios, terrazas, hoteles, centros deportivos, taxistas, hamaqueros y puesteros.

La vuelta a la normalidad no se ha dejado sentir tampoco en las multas, que generaron obligaciones de cobro por valor de 6,25 millones de euros.

Se trata de la cifra más baja desde que empezó la pandemia. En 2020, los ciudadanos fueron sancionados con 7.99 millones de euros; y en 2019, con 11,37 millones de euros.

Las previsiones con que el grupo de gobierno confeccionó el presupuesto de 2021 eran, no obstante, mucho mayores. A principios de año se esperaba que las multas reportaran al Consistorio 14,24 millones de euros, pero finalmente no se alcanzó ni la mitad de esta cuantía.

Esta caída se explica por la reducción de los niveles de tráfico que todavía se vivían en buena parte de 2021 como consecuencia del estado de alarma. Las restricciones que pesaban a la circulación propiciaron que las multas de tráfico se quedaran en 4,14 millones de euros, cuando los ingresos iniciales se habían estimado en 10,5 millones de euros.

Lo mismo pasó con las multas de convivencia ciudadana: se estimaron 2,47 millones de euros y finalmente no se contabilizaron más de 85.000 euros.

El único concepto que subió en relación a las previsiones iniciales fue el de las multas de la zona azul y verde. El impago del estacionamiento regulado produjo 1,63 millones de euros cuando la previsión era que tuviera un techo de 890.000 euros.

Sin embargo, hay que dejar constancia de que este incremento es meramente contable y que se hizo sobre unas previsiones relativamente bajas. En años anteriores, el cálculo de ingresos por multas de zona azul y verde rondaba los tres millones.

El presupuesto social del Ayuntamiento alcanzó los 31,97 millones de euros. Sin embargo, de esta cantidad, el gobierno municipal empleó 27,36 millones de euros y dejó sin utilizar otros 4,6 millones de euros.

El porcentaje de ejecución de las partidas que sirven para atender las necesidades más acuciantes de la población alcanzó así un 85,6%, una cifra bastante más alta que la que se logró en el ejercicio económico de 2020 y que se quedó en un 64%.

La partida de la que se nutren los convenios con las organizaciones no gubernamentales y el llamado IBI social fue la que menos ejecución presentó (53%) debido a que la bonificación de los gastos para la vivienda habitual (500.000 euros) sigue sin convocarse desde 2018, pese a que la partida se sigue incluyendo en los presupuestos municipales.

En cambio, las ayudas de alquiler alcanzaron un nivel de ejecución del 91%; las ayudas de emergencia y especial necesidad, un 82%; y el servicio de ayuda a domicilio, un 81%.