Caso Valka: los vecinos denunciantes solicitan personarse como acusación popular sin fianza
La asociación de vecinos Rehoyas Avanza solicita al magistrado que anule la exigencia de 12.000 euros para comparecer en la investigación
La asociación de vecinos Rehoyas Avanza ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria para solicitar su derecho a la personación, como parte y acusación popular, en el caso Valka sin tener que aportar los 12.000 euros de fianza que le solicitaba el magistrado. Este colectivo vecinal fue el que originó la investigación que está en marcha en estos momentos sobre el supuesto funcionamiento de una trama de corrupción en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tanto en el área de Urbanismo, con epicentro en la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), como en el servicio de Parques y Jardines.
Aquella denuncia fue presentada el 31 de marzo de 2023 contra el Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la gerente de Geursa y el representante de la empresa Guerra Patrimonial FGG por unos supuestos delitos de prevaricación urbanística y de malversación de caudales públicos cometidos en relación a una presunta sucesión de actuaciones urbanísticas ilícitas y actos fraudulentos cometidos entre los años 2002 y 2021.
En estos momentos hay seis personas investigadas fruto de la pesquisa posterior que iniciaron el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que encabeza Rafael Passaro Cabrera, y las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo y contra la Criminalidad Organizada, bajo el impulso de Javier Ródenas, y con la actividad desplegada por la Guardia Civil. De los seis investigados, cuatro están o estuvieron vinculados a Geursa, en concreto, la exgerente Marina Más; el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, ya jubilado, quien fue consejero de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística por más de diez años; el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera; y el jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez.
Aparte de ellos, están siendo también objeto de investigación el exresponsable municipal de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, y el empresario Felipe Guerra.
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Sin embargo, y pese a que las diligencias previas partieron de una denuncia de Rehoyas Avanza sobre las permutas de suelo realizadas en el ámbito de Tamaraceite Sur, la asociación se ha encontrado con dificultades para seguir formando parte del procedimiento.
Así, el pasado 11 de diciembre de 2024, el magistrado requirió al colectivo vecinal una fianza de 12.000 euros para poder ejercer como acusación popular en las diligencias previas que se están desplegando con motivo del caso Valka.
Esto hizo que el colectivo presentase una reclamación que, finalmente, fue desestimada en un auto judicial el pasado 26 de mayo, que mantenía la exigencia de prestar fianza.
Pero esta denegación no ha desanimado a los vecinos. Y, por eso, la asociación Rehoyas Avanza ha solicitado al juez que dé traslado a la Audiencia Provincial de Las Palmas un recurso de reforma para que se les considere «personados y parte, como acusación popular, sin la obligación de prestar fianza alguna».
En su escrito defienden su papel en el inicio de la investigación que está desarrollando el juzgado. «Se nos exige, por parte del juzgado, la prestación de fianza por importe de doce mil euros, en principio a fin de responder a las resultas del juicio, entendiendo esta representación que la prestación de dicha fianza no es exigible conforme a derecho», argumenta la representación legal de la asociación de vecinos no puede ser requisito de exigibilidad cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso, por lo que entendemos no es necesario para la personación en la presente causa la prestación de fianza alguna, máxime cuando ha sido una denuncia interpuesta por mi representada la que da lugar a la investigación en curso».
El auto judicial contra el que la asociación de vecinos Rehoyas Avanza presenta su recurso, justificaba el freno a la personación en la necesidad de proteger la profusión de datos sensibles que emana de la investigación. Como señalaba la determinación del magistrado Passaro, «la personación en la presente causa habrá de significar el acceso a una gran cantidad de información relativa a investigados e, incluso, a los testigos, siendo necesario contar con una mínima garantía de que el comportamiento de la acusación popular que se pretende ejercer se ajuste, si no ya al criterio de imparcialidad que impulsa la actuación del Ministerio Fiscal, si al menos a los principios de la buena fe procesal y de reserva a la hora de tratar la información presente en el procedimiento».
Al respecto, la asociación entiende que ha dado muestras sobradas de respeto a la buena fe procesal y a la reserva de la información que se ha manejado en la investigación desde el minuto primero en que se presentó la denuncia ante la Fiscalía. «Por parte de la asociación Rehoyas Avanza no se ha producido ningún acto que entorpezca la investigación ni la instrucción del presente procedimiento, mostrando, desde un principio la mejor de las disposiciones para colaborar con la instrucción de la presente causa, manteniendo el secreto de la denuncia presentada ante fiscalía, tal y como se nos solicitó desde el inicio, si que quepa reprocharle acción alguna a su comportamiento, tal y como seguirá siendo tras la personación que solicitamos», exponen los vecinos.
La petición de personación solo se ciñe a la pieza principal del proceso, que es la referida a las permutas de suelo en Tamaraceite Sur y las supuestas irregularidades en la encomienda de obras y en la ejecución de proyectos por parte de Geursa. «El interés que nos mueve es exclusivamente aquel que nos hace aparecer como posibles perjudicados», exponen los vecinos en su escrito.
Hay que recordar que el caso Valka se ha dividido en varias piezas: a la principal, sobre las permutas de suelo, se suman otras tres: una versa sobre la instalación de un segundo ordenador en el despacho de Marina Más, para aceptar supuestamente conexiones remotas de Setién y permitirle su acceso a los servidores de datos municipales y al portal de Urbanismo; otra se refiere a la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos a las empresas Guerra Patrimonial y Esvertical por Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; y la última pieza separada del caso Valka es la investigación patrimonial de la estructura empresarial del investigado Setién así como de su núcleo familiar más próximo ante la presunta adjudicación de proyectos, por parte de Geursa, a esas empresas en las que participaban.
El fiscal Ródenas solicitó -y el magistrado Passaro aceptó- la partición del proceso investigador que conforma el caso Valka en piezas separadas para garantizar un procedimiento «más ágil y efectivo» , así como para evitar interferencias en las pesquisas.
