Fernando Torres Baena, el martes cuando regresó a la prisión. / COBER

Torres Baena omitió que cobraba una pensión para no pagar más a sus víctimas

La Audiencia Provincial embarga 214 euros al mes de la cuenta del condenado por el caso Kárate. Recibe una paga desde julio de 2021 y no lo comunicó

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Fernando Torres Baena, condenado a 302 años de cárcel por el caso Kárate, omitió a la Audiencia Provincial de Las Palmas que, desde el 27 de julio de 2021, empezó a cobrar una paga de jubilación, por lo que no aumentó la cantidad mensual que abona en concepto de indemnización a las víctimas. Por ello, el órgano judicial decretó el embargo de 214 euros mensuales de las cuentas del exkarateca, que hasta el momento solo abonaba entre cinco y 20 euros al mes de los 954.643 euros que adeuda.

La Sección Sexta -el órgano sentenciador y que lleva el expediente de ejecución del preso- le comunicó que no atendía a su petición de que no le embargaran la cuenta tras mostrar una «relativa» voluntad de pago. Al contrario, reprendió la actitud del condenado, que no advirtió en ningún momento y de forma voluntaria que empezó a percibir la pensión por jubilación y, por ende, no aumentó la cuantía que ingresa cada mes en concepto de pago de la responsabilidad civil a las víctimas.

Según la diligencia de ordenación firmada por la Letrada de la Administración de Justicia con fecha 17 de mayo -coincidente con su entrada en prisión tras disfrutar del primer permiso-, Torres Baena comenzó a pagar mensualmente en 2018, a pesar de haberse incoado la ejecutoria el 3 de junio de 2014. A partir de ese momento, comenzó a hacer consignaciones por importe de 10 euros mensuales. Luego, en enero de 2019 subió la cuantía mensual a 15 euros y, en febrero de 2020, a 20 euros al mes. En noviembre de 2020 redujo el pago a cinco euros y, a partir de ese instante, las consignaciones oscilaron entre los cinco y los 15 euros, con la excepción de algún mes en el que abonó 20. Todo ello para satisfacer los 954.643,06 euros que adeuda en concepto de indemnizaciones a las víctimas, lo que a la letrada le resultan «de todo punto irrisorias tales consignaciones».

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Omisión

Pero el 27 de julio de 2021 empezó a percibir una pensión de jubilación y desde esa fecha «el interno ha estado cobrando» sin comunicarlo al tribunal ni tampoco «haber incrementado la cuantía de los ingresos que el mismo ha venido realizando». Fue la propia Sala la que, «con periódicas averiguaciones patrimoniales», tuvo conocimiento de este hecho «que hasta ahora se desconocía», advierte la resolución.

Por ese motivo formuló un decreto de embargo de la cuenta de Torres Baena por cuantía de 214 euros ya que tenía «sus necesidades vitales básicas cubiertas», a lo que la representación legal del exkarateca respondió que no era necesaria tal medida ya que tenía la intención de realizar ingresos mensuales de 260 euros, por lo que incluso pidió nuevamente al juzgado el número de cuenta siete años y once meses de que comenzara la ejecutoria.

La Sección Sexta respondió que no había lugar al alzamiento del embargo de los 214 euros, otorgándole a Torres Baena la posibilidad de hacer «ingresos extras: «No acertando a encontrar la razón por la cual no comenzó en el pasado mes de julio de 2021 a ingresar esos 260 euros mensuales, y no es hasta ahora que hace el ofrecimiento, se le invita a consignar por su cuenta, además de lo que se obtenga vía embargo, la cantidad que, en el marco de sus circunstancias, le sea posible», argumenta la autoridad judicial.

El que menos ha pagado de los condenados

Por último, la Sección Sexta advierte que «es cierto y no puede obviarse», que Torres Baena se halla interno en Juan Grande, por lo que su capacidad económica «se ha visto mermada» y, además, no tiene «posibilidades por ahora de realizar trabajo remunerado alguno». Pero añade que «no es menos cierto» que ha sido de los condenados en la misma causa junto a María José González e Ivonne González, el que « menor cantidad ha consignado a pesar de tener pendiente las indemnizaciones más elevadas», apunta.

Hay que destacar que el abono de la responsabilidad civil es una de los requisitos previstos en la evolución de los internos hacia el tercer grado penitenciario.