Imagen de archivo del ayuntamiendo de Las Palmas de Gran Canaria. / c7

Sin techo de gasto: la capital paga este año 89,3 millones de euros

La suspensión del límite al gasto le permite romper la barrera de 6,15 millones

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

La suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2022, aprobada por el Parlamento para poder hacer frente a la crisis económica, ha permitido que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dinamite los límites de gasto público: los 6,5 millones de euros en que fue fijada su capacidad de financiación han sido ampliamente rebasados hasta alcanzar 89,3 millones de euros.

En esta cifra se incluyen los 14,38 millones de euros que el Pleno acaba de tramitar para su abono en la mañana de este martes.ayun

Estos 89,3 millones de euros se abonan con cargo a los remanentes de tesorería -el dinero que el Consistorio tiene en los bancos- y se pueden utilizar para ir reduciendo la deuda que se tiene con diferentes empresas y que se tarda mucho en pagar por diferentes motivos: desde la duración de procesos judiciales hasta la lenta tramitación burocrática de las facturas como consecuencia de que muchos contratos de servicio están en nulidad porque no se ha sido capaz de adjudicarlos de nuevo.

¿Cuáles han sido los créditos de este año?

  • 9,8 millones para gastos de obras y servicios que tienen una financiación concreta y definida, y que hay que devolver si no se utiliza.

  • 7,39 millones para pagar a Emalsa la tasa por el tratamiento de lodos procedentes de la depuración de aguas residuales. Está pendiente de dictamen del Consejo Consultivo.

  • 47,43 millones para sacar facturas antiguas que estaban en los cajones y que no estaban reconocidas en los presupuestos.

  • 170.000 euros para realizar una intervención de urgencia en la ermita de Santa Catalina del Pueblo Canario con la que proteger los murales de Jesús Arencibia.

  • 1,2 millones de euros para pagar los intereses que genera el mantenimiento de las cuentas que el Ayuntamiento tiene en los bancos.

  • 60.000 euros para garantizar el equilibrio económico-financiero de Casa África.

  • 783.000 euros para pagar a Go Fit las labores de descontaminación de la arena de La Cícer -viciada por la antigua estación eléctrica- cuando estaba construyendo el centro deportivo.

  • 550.000 euros para que la Fundación Auditorio Teatro pagara el cambio de asientos de la sala sinfónica y de cámara del Alfredo Kraus.

  • 2,85 millones de euros para Emalsa en concepto de intereses de demora por los retrasos en el pago de las facturas correspondientes a los periodos comprendidos entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015; y de junio de 2016 a julio de 2017.

  • 177.000 euros para la obra de construcción de la estación de la MetroGuagua en Hoya de La Plata.

  • 1,63 millones de euros a Emalsa por los servicios realizados entre mayo y noviembre de 2014.

  • 1,18 millones de euros para dos obras de emergencia en San Roque y en la Avenida Marítima.

  • 1,92 millones de euros para pagar las fiestas navideñas y varios conciertos.

  • 246.000 euros para cumplir una sentencia que obligaba a pagar una indemnización en la operación urbanística de conexión de Siete Palmas con el entorno del colegio Arenas.

  • 698.000 euros en concepto de revisión de precios por el servicio de mantenimiento de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de la ciudad en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y agosto de 2018.

  • 13,27 millones de euros a Emalsa por no actualizar la tasa de depuración de aguas residuales desde 2017.

El crédito de 89,34 millones de euros, que se genera a costa de los remanentes de tesorería, sitúan este año en un nivel algo inferior al que marcó 2021, cuando se recurrió a 94,5 millones de euros, aprovechando también la suspensión de las reglas de estabilidad presupuestaria.

La eliminación del techo de gasto ha permitido al Ayuntamiento, por tanto, hacer frente a obligaciones por valor de casi 184 millones de euros en dos años, que, de otra forma, se hubieran seguido acumulando en los bancos.

La liberación de los 14,38 millones de euros fue apoyada por la mayoría de los grupos, pero no estuvo exento de críticas, sobre todo en el expediente de pago de 13,3 millones de euros a Emalsa.

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, explicó que en los últimos 30 días se han celebrado tres plenos urgentes y extraordinarios en los que se ha ordenado el pago de casi 18 millones de euros a Emalsa. Para él, esto es «otro fracaso» de la gestión socialista en la ciudad en los últimos ocho años.

«Los vecinos de Joaquín Costa estarán encantados de saber que el Ayuntamiento recurre su indemnización de 3.000 euros por los ruidos y en esta sentencia de 13 millones no se presenta recurso de casación», apuntó.

«Si el Ayuntamiento hubiese actualizado esa tasa de depuración cuando debía hacerlo», prosiguió el edil, «cada abonado hubiese pagado 1,5 euros más».

El portavoz de CC, Francis Candil, cree que «se puede hacer más que esperar a que nos caigan las sentencias y tirar de los remanentes». Definió las reclamaciones de Emalsa como una « hemorragia abierta sin control en la que aparte del coste del servicio, estamos pagando una barbaridad de dinero en intereses de demora». Por eso, para velar por los intereses públicos, pidió un cambio de relación con Emalsa y «que el juzgado no nos esté siempre enmendando la plana». «El juzgado se ha convertido en la empresa de aguas de esta ciudad», sentenció.

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, les respondió que «hemos trabajado para actualizar el ciclo integral del agua porque nos encontramos en una situación en que, en 2012, se decidió no pagar nada a Emalsa».

Reconoció que «queda más por llegar» y acusó al PP de «cinismo» por criticar la gestión de un problema que ella atribuyó a la judicialización de las relaciones con Emalsa durante la alcaldía de Juan José Cardona. «Estamos intentando reconstruir lo que ustedes destrozaron», expuso.

Sin embargo, el crédito que se genera ahora se refiere solo a una reclamación que hizo Emalsa en 2016, durante el mandato de Augusto Hidalgo, para aplicar en 2017, y cuya repercusión llega hasta el presente por una reclamación judicial de la empresa contra la inacción municipal.

Sabroso advirtió de que queda por pagar 7,4 millones de euros por la gestión de los lodos, la tasa de depuración de 2022 y 2023, y los intereses de demora de todas las cantidades que hay que pagar por sentencia judicial.

Inmaculada Medina insistió en el argumento de que el origen del problema está en 2012. Y recordó que los pagos se realizan con todos los trámites pertinentes y negó que hubiera «mala praxis del gobierno».

El otro expediente que generó quejas fue el de los retrasos en los pagos de los trabajos de mantenimiento de carreteras, aceras, plazas y zonas peatonales.

Aquí, Sabroso recordó que el contrato está vencido desde 2018. «Luego vendrá la reclamación de intereses de demora», advirtió en relación a un servicio que sigue sin contrato.

El concejal de Coalición Canaria David Suárez también mostró su preocupación por este contrato. «Tenemos un servicio en precario y no se presta la atención a la ciudad que se merece», expuso.

Por su lado, Inmaculada Medina, recordó que el pliego de adjudicación tuvo que ser retirado por una reclamación de varias empresas. Y aseguró que se sigue trabajando en sacar el nuevo concurso.

La concejala no adscrita, Beatriz Correas, pidió la asunción de responsabilidades por la gran cantidad de juicios que pierde el Ayuntamiento. «Alguien tiene que responsabilizarse de estas situaciones, es una nefasta gestión del dinero público», expuso.