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El Ayuntamiento aprobará este martes, por medio de un pleno extraordinario y urgente, el pago de 13,27 millones de euros a la empresa Emalsa para compensarle el déficit de explotación que le ha generado el hecho de que desde 2017 no se haya actualizado la tasa de depuración y tratamiento de aguas residuales.
Este concepto, que la compañía pasa al cobro a los ciudadanos en cada factura, solo se había revisado dos veces en las últimas décadas (2004 y 2009), lo que hizo que Emalsa presentara una reclamación de actualización de tarifas en 2017 en los juzgados.
En mayo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconoció el derecho de la mercantil a cobrar esta actualización, que supone, para el periodo comprendido entre 2017 y 2021, un total de 13,27 millones de euros.
2,5 Es la cantidad, en euros, que se paga cada mes por la tasa de depuración con un recibo de Emalsa referido a un consumo medio de unos 35 litros de agua y para una factura referida a dos meses.
En estos momentos, la tasa vigente es de 0,28 euros por metro cuadrado, cuando debería ser de 0,41 euros.
Al final, la cifra adeudada por la ciudad es tan alta porque cada año se depuran unos veinte millones de metros cúbicos.
La base imponible de la tasa está determinada por la cantidad de agua suministrada a cada vivienda, local, industria o comercio, según consta en la ordenanza fiscal que la regula.
Los 13,27 millones de euros se pagan con cargo al remanente de tesorería y forman parte de la deuda que la ciudad tiene abierta con Emalsa. Solo en reclamaciones judiciales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está tramitando el pago de 31,5 millones de euros en diferentes procedimientos.
La actualización de la tasa de depuración no será el único pago que se libere este martes. El crédito de 13,27 millones de euros que se genera ahora se completa con otros tres expedientes hasta hacer un total de 14,38 millones de euros.
Aquí se incluyen casi 700.000 euros que el Consistorio tiene que pagar la unión temporal de empresas que forman Ecocivil Electromur y Lumican para ejecutar el servicio de mantenimiento de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales.
En este caso, el Ayuntamiento tiene que pagar la revisión de precios correspondiente al periodo comprendido entre mayo de 2013 y agosto de 2018.
De nuevo, como ocurrió con Emalsa, la empresa reclamó esta compensación y los jueces le dieron la razón a fines de 2021. Aunque el Ayuntamiento recurrió el fallo, en junio del presente año el TSJC confirmó la obligación de pagar a la compañía.
También hay que generar el crédito necesario (698.344,71 euros) a costa de los remanentes de tesorería, esto es, el dinero que el Ayuntamiento tiene en el banco y que, a principios del presente año, alcanzaba casi los 328 millones de euros.
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Otra de las obligaciones a que se hace frente con el pleno extraordinario de este martes es el referido al pago de una indemnización por valor de 245.687 euros que viene derivada de una sentencia del Tribunal Supremo desde marzo de 2012.
Se refiere este caso a una indemnización generada en el proceso urbanístico de unión del barrio de Siete Palmas con el entorno del colegio Arenas. Se pasó, aquí, de los 576.878 euros iniciales a los 794.361 finales por la actualización del IPC. El Ayuntamiento había consignado unos 550.000 euros, que ahora se refuerzan con 245.687 euros.
El último expediente es un reconocimiento de créditos que se paga con cargo a los gastos corrientes y las transferencias de capital. Son 157.914,56 euros que se utilizan para pagar 196 informes de ordenación territorial y abonar cuotas y derramas en bloques de Tamaraceite, Las Rehoyas, Schamann, Escaleritas y Hoya de La Plata.
Un informe redactado por un ingeniero municipal advierte de que la deuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el servicio de mantenimiento de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales, así como de los ascensores del parque deportivo de Las Rehoyas y de Obispo Romo, y de la obra de emergencia de reparación de hundimiento de la carretera Lomo del Rincón, 60 (denominada Avenida Alejandro Castro Jiménez) asciende a 2,31 millones de euros.
Esta cantidad se refiere solo a las facturas generadas este año que se encuentran en situación de nulidad como consecuencia de que el servicio carece de contrato al haberse acabado el anterior y no impulsarse el nuevo.
La cantidad principal es la referida al mantenimiendo de aceras y calles.
«Dado que el contrato de mantenimiento de calzadas, se trata de un contrato básico y esencial para la seguridad pública y el correcto tránsito de vehículos en calzadas, y peatonal en aceras y plazas, no se puede prescindir de la realización continuada de estos trabajos de mantenimiento en la ciudad, que de no realizarse, podría derivar en serios problemas de deterioro de infraestructura viaria y peatonal, causando graves accidentes, a todo tipo de vehículos en calzada y peatones en aceras, plazas, y zonas peatonales», advierte el técnico, quien cifra la deuda final a abonar en un total de 2,16 millones.
«El gasto realizado hasta la fecha supone una media mensual de 431.000», señala.
El resto se refiere a los ascensores, que, sin embargo, sí cuentan con un nuevo contrato desde agosto de este año, con un presupuesto de 1,7 millones de euros y tres años de duración.
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