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Los taxistas de la capital grancanaria denuncian la situación de inseguridad que están viviendo estos días en las calles después de tres episodios de robos, uno de ellos con rotura de una luna incluida. Aseguran que llevan desde el inicio del año así y recuerdan que a principios de enero el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a un hombre de 28 años por supuestos daños, robo con violencia y robo con fuerza en ocho taxis.
«Los robos en el taxi son habituales», se queja el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Jean Charles Chabot, «pero en muchas ocasiones no se llega a denunciar porque luego te enteras que el autor de los robos está en la calle al día siguiente».
Los taxistas estiman que apenas un 15% de los asaltos acaban en conocimiento de la Policía por este desánimo.
«El alcalde (Augusto Hidalgo) y el concejal de Movilidad (José Eduardo Ramírez) dicen que no hay problema ninguno, pero sí vivimos una sensación de inseguridad, sobre todo por las noches», prosiguió el representante del colectivo mayoritario de taxistas de la capital grancanaria.
En su opinión, se debería permitir y subvencionar la instalación de cámaras de videovigilancia, con todas las exigencias legales que impone la Agencia Española de Protección de Datos.
«Habría que volver a poner cámaras en los taxis», detalló Chabot, «ahora son más baratas y eficaces porque permite grabar en un radio de 360 grados alrededor del vehículo».
Calcula que cada cámara tiene un coste cercano a los 400 euros y apunta que se puede aprender de la experiencia acumulada en otros lugares de España, como la Comunidad de Madrid.
En un comunicado reciente, la Asociación Unificada Taxi Gran Canaria (Autaxi-GC) también planteaba la necesidad de adoptar medidas al respecto «debido a los últimos atracos con violencia sufridos por varios compañeros y ante la situación de indefensión total en la que nos encontramos ante hechos de este tipo, en los que no solo corren peligro nuestros bienes, sino nuestra propia integridad física e, inclusive, nuestras vidas».
El presidente de este colectivo, Ramón Almeida, exige la aplicación del artículo 21 de la ordenanza del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, que recoge la posibilidad de incluir sistemas de localización y posicionamiento conectados al centro de emergencias municipal (Cemelpa).
«Han transcurrido ya casi nueve años desde la entrada en vigor de dicha norma sin que esa Administración haya implementado el cumplimiento de la misma, por lo que, a la vista de la grave situación de inseguridad y de la reiterada inacción de esta Corporación» se reclama que se dé cumplimiento a la ordenanza.
«Sería activar lo que se conoce como botón del pánico», explicó Almeida, «una vez que se pulsa, se conecta la alarma en el Cemelpa» para que la Policía Local sepa dónde se encuentra el taxi que requiere ayuda y se le pueda dar una respuesta rápida al taxista que la requiera.
Antonio León, otro taxista con años de experiencia al volante y en la representación del colectivo, también denuncia la falta de seguridad. «Ya no basta solo con la inseguridad con la que nos encontramos los fines de semana y en horario nocturno», expone, «ahora una oleada de robos deja a muchos profesionales durante varios días sin poder trabajar». Y añadió que «esta es la ciudad en la que vivimos y de la que su alcalde hace halago como una ciudad segura».
Los robos no son la única incidencia que tienen que afrontar los taxistas de la capital grancanaria. También se están enfrentando a casos de personas que no pagan los servicios. Le ha ocurrido en tres ocasiones en el último año a Pedro Moreno Acosta, quien en una de ellas pudo denunciar a la clienta y conseguir una sentencia condenatoria favorable. En función de ella, la mujer fue condenada al pago de 480 euros en concepto de multa, más 35,7 euros por responsabilidad civil (el importe de la carrera fue de 6,7 euros más el lucro cesante, 29 euros, por las horas de trabajo perdidas para interponer la denuncia y acudir al juicio).
En este caso tuvo suerte porque cuando la clienta se negó a pagarle, cerró las puertas del coche y no la dejó salir. Y acto seguido, cuando se dirigía a la comisaría a interponer la correspondiente denuncia, se encontró con un coche de la Policía que levantó el atestado que sirvió de base al proceso judicial.
«Sé que casos así se dan porque le ha pasado a otros compañeros», indicó. Y relata el caso de otro taxista que llevó a tres menores de edad que salieron corriendo del taxi al llegar al destino. En este caso, la descripción que hizo a la Policía sirvió para que los identificaran y pagaran la carrera.
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