Solo el 5% de las viviendas vacacionales dadas de alta cumplen las normas del Ayuntamiento

El último análisis de las viviendas vacacionales dadas de alta en el registro del Cabildo de Gran Canaria refleja que solo un 5% cumple las normas municipales. El dato fue ofrecido por el máximo responsable técnico de Urbanismo, José Setién, quien detalló que de las 1.700 viviendas vacacionales inscritas -en estos momentos son ya más de 2.400-, solo noventa cumplen el planeamiento. La situación de este nicho de negocio fue debatida en el seno de una comisión extraordinaria de Desarrollo Sostenible en la que se aprobó la modificación de las normas del Plan General. En ella se incluye el alquiler turístico como nueva modalidad extrahotelera.

El cambio supone trasladar al Plan General las exigencias contempladas en la ordenanza de edificación. Básicamente se trata de la obligación de que los pisos turísticos tengan un acceso independiente y queden siempre por debajo de las viviendas cuando compartan espacio en un edificio residencial. La propuesta, que va ya camino del pleno, recibió el apoyo de los partidos del grupo de gobierno. Por su parte, el PP y C's votaron en contra, mientras que CC-UxGC y las dos concejalas no adscritas, Beatriz Correas y Carmen Guerra se abstuvieron.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ratificó el dato ofrecido por Setién y reconoció que el Ayuntamiento no tiene personal para garantizar el cumplimiento de las normas en el ámbito de la vivienda vacacional. Pero es que además tampoco tiene competencias para ello. Y, por si fuera poco, «no tenemos un registro municipal de alquileres vacacionales porque la ley dice que tienen que darse de alta en el Cabildo y no nos lo comunican». En su opinión, «es un fallo del Gobierno de Canarias».

Pese a todo, dijo estar abierto al debate sobre el modelo de implantación de la vivienda vacacional en barrios y zonas donde ahora está restringido su uso. «Estamos intentando dar salida a todas las situaciones», aclaró.

Javier Doreste criticó también al PP por reclamar la presencia de los técnicos en la comisión de Desarrollo Sostenible «y cuando se les va a aclarar las dudas, pidieron que se hiciera por escrito, alegando que no importaba cuál sería la respuesta porque iban a votar en contra de todas maneras». En su opinión se trata de un gesto de «hipocresía» y «desprecio hacia los técnicos».

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, calificó la aprobación de la nueva normativa como un «tiro mortal» al sector del alquiler vacacional de la capital. «Lo que el PSOE del alcalde, Augusto Hidalgo, está haciendo es un ataque directo a la clase media, pero también a la clase trabajadora, en una ciudad donde el sector servicios y el comercio son fundamentales y que cuenta ahora mismo con más de 82.000 personas desempleadas o acogidas a regulación temporal de empleo», consideró.

«El PSOE y Podemos deciden que un chalet de Ciudad Jardín se pueda alquilar para vacaciones y se lo prohíbe a una casa terrera de La Isleta o de Costa Ayala», prosiguió. Además, el PP advierte de que esta regulación abre la posibilidad de que los vecinos puedan denunciar a otras actividades económicas que estén en edificios residenciales y no tengan acceso independiente o estén por encima de pisos familiares, como despachos médicos, de abogados, consultorías...

Para la concejala de Ciudadanos, Lidia Cáceres, el problema está en la discriminación que imponen las normas. «Solo se potencia a los grandes inversores» ya que sí se dan facilidades a la construcción de edificios enteros de alquiler vacacional.

Para David Suárez, de CC-UxGC, «lo peor no es que el Ayuntamiento no disponga de personal para garantizar la normativa, sino que además genera incertidumbre y beneficia solo a los grandes empresarios».

Beatriz Correas propuso dejar la decisión de aceptar o no los pisos turísticos en manos de las comunidades de propietarios. Y Carmen Guerra dijo que la aprobación del expediente no altera para nada la situación del alquiler vacacional porque está regulada en la ordenanza de edificación.