El alquiler turístico genera 15 denuncias en cuatro años

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tramitado quince procedimientos sancionadores contra viviendas vacacionales en los últimos cuatro años a raíz de denuncias vecinales. De ellos, cuatro fueron en 2017; otros tantos en 2018; seis en 2019; y uno más en lo que vamos del presente año, según la información que se conoció ayer en la comisión de Desarrollo Sostenible.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, aseguró que el Ayuntamiento tramita estas denuncias cuando tienen que ver con el área de salud pública o cuando la Policía Local interviene por un tema de ruidos o convivencia, pero insistió en que para el cumplimiento de la normativa no tiene potestad. «La inspección turística depende del Cabildo de Gran Canaria», aseguró.

El edil indicó que el grupo de gobierno está abierto al debate sobre la extensión de la vivienda vacacional pero que en esa reflexión debe estar presente la ciudadanía. «Hay que sentarse a hablar con los vecinos, no solo con los propietarios», declaró, «pero teniendo en cuenta que el uso turístico y el residencial no pueden estar entremezclados».

La aprobación definitiva de las normas urbanísticas de la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación, en la que se reconoce la figura del alquiler vacacional, rechazó de plano 325 alegaciones presentadas por particulares, organizaciones empresariales y colegios profesionales contra las exigencias de tener accesos separados para pisos turísticos y residenciales, así como de tener que situar los primeros por debajo siempre de los segundos en los bloques en los que compartan espacio.

La ciudad tiene en estos momentos 2.420 pisos turísticos.