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El barrio marinero de San Cristóbal estaba llamado, a primera hora de la mañana de este viernes, a manifestarse para reclamar que se paralicen las obras que el Ayuntamiento de la capital grancanaria tiene previsto iniciar este 14 de julio en el solar en el que se ubicaba la empresa Aguas de San Roque, procediendo al vallado del mismo.
Un proyecto que se adjudicó en junio de este año por 989.000 euros, con cargo a los fondos Feder a través de la Estrategia DUSI, y que según se anunció desde el consistorio pretende «convertir un solar que es usado actualmente como un aparcamiento, en una plaza pública con nuevos equipamientos y dotaciones básicas de carácter social y cultural, así como zonas de juegos infantiles y de ocio ligados a la historia marina del barrio» y que «ordenará el espacio peatonal y rodado de la zona, con el objetivo de favorecer distintos usos y priorizando a los peatones».
Sin embargo, la nueva junta directiva de la asociación Nuestra Señora del Buen Viaje, que representa a los residentes en este enclave marinero del Cono Sur, discrepa de un proyecto «en el que no se ha contemplado el tejido empresarial y la calidad de vida de los vecinos», asegura Juan Jesús Santana, su presidente.
Así, señala en primer lugar que el proyecto no atiende una de las exigencias que dice se pone desde Europa para su financiación, «que es el que se gestione desde la participación ciudadana, algo que no se ha hecho».
«Vinieron con el proyecto impuesto», dice en referencia a la reunión que mantuvieron los vecinos el pasado 12 de diciembre con el entonces concejal de Participación Ciudadana y del distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, Prisco Navarro.
Añade que fueron los propios residentes los que solicitaron información sobre el proyecto «pero nunca hubo una consulta previa».
Añade que la concentración convocada para este viernes responde a la oposición del barrio a una actuación que no responde a sus carencias. «Es obvio que las necesidades del barrio son otras», expone Santana.
Así, apunta que los trabajos van a suponer la eliminación de «85 aparcamientos, los hemos contado». Y es que el Ayuntamiento ha informado de que desde este 14 de julio no solo no se podrá acceder a la zona vallada donde se van a desarrollar los trabajos, sino que queda cortado el acceso por la calle Timonel y Proa será una vía sin salida para permitir el paso a un vado ubicado en la misma y a los vehículos de emergencia. Pero el resto de quienes residan en ellas tendrán que llegar a pie a sus viviendas.
«Están ahogando a las empresas y la calidad de vida de unos vecinos que son la mayoría mayores, sin darles alternativas», critica Santana, quien recuerda que esta medida no afecta solo a las personas que habitan en el barrio, sino a aquellas que tienen su medio de vida en los negocios que alberga y que les apoya en su rechazo a las obras. «Hay once restaurantes en San Cristóbal, y detrás están sus familias», indica.
El portavoz vecinal comenta que se pusieron alegaciones al proyecto y «les dimos alternativas», como que «en el contorno del paseo se contemplen aparcamientos en batería».
Sin embargo, asegura que en la reunión que mantuvieron este martes con la nueva concejala del distrito, Nina Santana, esta les dijo que «se habían pasado los tiempos y formas» y que «el proyecto ya está colgado en el BOE y hay que ejecutarlo».
Juan Jesús Santana recalca que San Cristóbal «no se puede desarrollar más» y ya está aislado por la Avenida Marítima. Además, señala que en la entrada sur del barrio «había una aparcamiento, pero lo han inhabilitado llenándolo de piedras» procedentes de los trabajos de la estación de la MetroGuagua en Hoya de la Plata, ahora parados. Insiste en pedir que «paralicen la obra» y que hagan las cosas como se marcan desde Europa.
Los trabajos previstos por el Ayuntamiento consisten en una plaza dividida en cuatro espacios, «una zona de estancia asociada al paseo y a la línea de mar, que también funciona como barrera contra el oleaje, una zona de juegos infantiles, integrada y sin vallado delimitador, otra zona de plaza de barrio, un espacio amplio y descubierto». El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.
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