La salud de Salvador Alba no le impide ingresar en prisión

A juicio de los forenses, los problemas de Salvador Alba «pueden ser resueltos o controlados con el tratamiento médico adecuado»

EFE Las Palmas de Gran Canaria

Los problemas de salud del exmagistrado Salvador Alba no suponen un impedimento para que empiece a cumplir en prisión la condena de seis años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por manipular una instrucción para perjudicar a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, cuando esta era diputada.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ese es el dictamen que han emitido los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife respecto a los problemas de salud que Alba alega en sus últimos recursos para pedir que no se le obligue a ingresar en un centro penitenciario.

A juicio de los forenses, los problemas de Salvador Alba «pueden ser resueltos o controlados con el tratamiento médico adecuado, no revistiendo riesgo vital en el momento actual ni condicionando limitaciones significativas en la autonomía personal del condenado«.

«No se objetivan contraindicaciones que impidan al informado llevar a cabo su tratamiento en un centro penitenciario, donde además se podrá realizar un control y supervisión estrechos de dicho tratamiento y del estado clínico del condenado por parte del propio personal médico y sanitario del centro, sin perjuicio de la necesidad de trasladar al interno eventual o periódicamente para su valoración por especialistas en centros sanitarios externos«, añade el dictamen del Instituto de Medicina Legal de Tenerife.

Salvador Alba, que servía como magistrado en la Audiencia de Las Palmas, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 10 de septiembre de 2019 a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación profesional como autor de delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental cometidos en su desempeño como juez.

La sentencia consideró probado que, cuando sustituyó a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Alba ofreció a un empresario procesado por un fraude millonario a la Seguridad Social (el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez) ventajas procesales si declaraba una serie de cuestiones que permitieran acusar a la entonces diputada de Podemos de haber retrasado una causa judicial por intereses personales.

Además, estableció como acreditado que Alba incluyó datos falsos en los informes sobre Victoria Rosell que envió al Tribunal Supremo y que contribuyeron a que su Sala de lo Penal abriera diligencias contra la diputada de Podemos por Las Palmas en vísperas de las elecciones generales de 2016. Rosell renunció a presentarse de nuevo al Congreso, aunque luego fue absuelta de todos los cargos.

Esa sentencia fue confirmada el 17 de noviembre de 2021 por el Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial la ha ejecutado en parte y ha retirado a Salvador Alba su condición de juez, pero el ya exmagistrado sigue sin ingresar en prisión.

En uno de sus últimos recursos, Alba cuestionó la imparcialidad de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que iban a dictaminar sobre si sus problemas de salud le impedían, o no, ingresar en prisión. Por eso, el TSJC tuvo que pedir que el informe lo realizaran médicos forenses adscritos a Santa Cruz de Tenerife.

El TSJC ha dado ya traslado a las partes personadas como acusación en su día en el juicio contra Salvador Alba (la Fiscalía, Victoria Rosell, su pareja, el periodista Carlos Sosa; y Podemos) para que en el plazo de tres días informen sobre la petición del exjuez de que se suspenda su condena de prisión.