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Un grupo de carnavaleras en la plaza de Los Patos el pasado febrero. Arcadio Suárez
La respuesta a los vecinos del Puerto: «No están legitimados»

Las Palmas de Gran Canaria

La respuesta a los vecinos del Puerto: «No están legitimados»

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desestima la reclamación colectiva que pretende una indemnización de 650.000 euros por «daños» durante el carnaval

David Ojeda

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de julio 2024, 00:05

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desestima la reclamación de 13 vecinos de la zona Puerto en la que exigen una compensación colectiva de 650.000 euros por los «daños y perjuicios» que aseguran padecer tras la celebración del carnaval, el pasado mes de febrero, en el recinto portuario, la plaza de Los Patos y la de Manuel Becerra. «No están legitimados», concluye en su respuesta el gobierno de la ciudad.

El documento con el que el consistorio responde a un escrito de la representación legal de los vecinos del pasado mayo se detiene a lo largo de 19 páginas en argumentar su respuesta. «No es admisible que se arroguen los vecinos reclamantes una legitimación de la que carecen en absoluto», destaca el texto en el párrafo inferior a la respuesta negativa a la petición.

Cada uno de los 13 vecinos demandantes en el escrito presentado por el letrado Roberto Orive, así como los de otra reclamación paralela, exigen al Ayuntamiento capitalino 2.000 euros al día para cada uno de ellos por cada jornada de convivencia con el pasado carnaval, que se celebró entre el pasado 25 de enero y el 18 de febrero.

Según entienden los responsables municipales, este pretensión no tiene lugar ya que «no hay referencia alguna a la lesión o daño real con la que está actividad vendrá a afectar de manera individualizada a cada uno de los reclamantes».

Además, se resta proporcionalidad a la demanda de los vecinos que exigen una compensación al considerar que «la reclamación planteada debe ser inadmitida por cuanto las pretensiones articuladas parecen más propias de una demanda colectiva de una asociación que de una reclamación planteada por varios vecinos a título individual».

Con cierta mofa, a lo largo de varios párrafos, se hace constante referencia al hecho de que estos 13 vecinos pretendieran, a través de un documento consignado en el mes de mayo, que se suspendiera la celebración del carnaval en su zona, que se había celebrado ya meses atrás.

Tras una larga argumentación firmada por el secretario general técnico de la Junta de la Gobierno de la Ciudad se resuelve que «no se ha vulnerado ningún derecho fundamental» con la celebración del carnaval en el Puerto en febrero.

Asegura en su escrito el Ayuntamiento que, atendiendo a la consideración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la organización de la fiesta mimó todos los parámetros de seguridad o ruidos adecuados para tratar de conseguir una convivencia adecuada con los vecinos del barrio porteño.

Un vecino decoró su fachada durante el carnaval. Arcadio Suárez

Lo que quiso destacar el Ayuntamiento es que no se pueden comparar los escenarios anteriores, que han acabado con la celebración del carnaval de día en Vegueta y otros emplazamientos de la capital, con el actual que pretenden clasificar los vecinos del Puerto participantes en la reclamación. «En ningún caso, los pronunciamientos judiciales anteriores son cuestiones similares, como se señala en la reclamación», argumentan desde el grupo de gobierno municipal ante el enésimo conflicto con el que se encuentra la fiesta más importante de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

La oposición dice que avisó

Tras la publicación de la información de la reclamación colectiva de los vecinos, los partidos de la oposición en el pleno municipal se han manifestado. La principal fuerza ante el pacto, el Partido Popular, señaló que ya habían dado pistas de que este conflicto podía suceder. «Advertimos de que no se podía improvisar algo tan importante como la ubicación del carnaval y la consecuencia de hacerlo ya la tenemos encima de la mesa», dijo su portavoz Jimena Delgado, quien es crítica con la forma de gestionarse no solo el lugar donde celebrar el carnaval, sino todos los procedimientos de contratación de las fiestas, cuyo coste este año fue de 7,3 millones de euros.

Delgado cree que el pasado carnaval «estuvo marcado por el maltrato a vecinos y grupos, la improvisación constante y que fue usado como un mero atril político. Ahora, más que nunca, se demuestra que ese maltrato a vecinos fue real, lo que demuestra este escrito de reclamación que tras ser rechazado por el consistorio se encamina a los juzgados, donde ya han prosperado reclamaciones similares».

«Nada sabemos de dónde se celebrará el carnaval el próximo año, cuando quedan apenas seis meses. Esto no solo tiene un impacto en la organización, sino en la forma de contratación de todos los servicios que posibilitan este espectáculo», concluyó.

Por su parte, David Suárez, concejal de Coalición Canaria, señaló que «los vecinos tienen derecho al descanso, y es fundamental que todos trabajemos para que el carnaval no se vea continuamente amenazado por decisiones tardías o incorrectas del propio gobierno municipal, especialmente bajo la gestión de la concejala Inmaculada Medina». Suárez, al igual que Delgado, recordó sus avisos al respecto durante la celebración de la fiesta.

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