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Una usuaria de Sítyneta toma una de las patinetas disponibles en Las Palmas de Gran Canaria. JUAN CARLOS ALONSO
Tres meses para salvar la Sítyneta

Tres meses para salvar la Sítyneta

La patineta pública generará un déficit anual de 360.744 euros que debe ser sufragado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 8 de mayo 2024, 02:00

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La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 que anula la orden por la que se encargó a la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) la creación del servicio de alquiler de patinetas (Sítyneta) obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a realizar ese encargo a través del Pleno. Eso supone que el Consistorio tendrá que reiniciar el expediente y someterlo a consideración plenaria y exposición pública. Según las fuentes municipales consultadas por este periódico, se estima que se necesitarán unos tres meses de trámite para poder regularizar el servicio.

Sagulpa ha remitido ya el documento 'Memoria Justificativa para el establecimiento de la forma de gestión directa del Servicio Público de Vehículos de Movilidad Personal, a través de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (SAGULPA)', que será la base de la propuesta que el grupo de gobierno llevará al pleno para su aprobación, en cumplimiento de la sentencia que adelantó CANARIAS7.

«La presente memoria justificativa, se enmarca, por tanto, en la necesidad de dar respuesta no sólo a la situación creada tras la sentencia de fecha 30 de noviembre, sino en responder a la necesidad igualmente de regularizar la situación acaecida con la Resolución de 2 de enero de 2015», detalla el documento.

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La encomienda que haga el Pleno, por tanto, no solo responde a la determinación del juzgado, sino que también pone fin a la situación de provisionalidad con la que nació el sistema de alquiler público de la patineta eléctrica y que fue prorrogada de manera indefinida hasta que se decidiera el modelo final de gestión del servicio.

La memoria justifica la fusión de la patineta y la bicicleta en un sistema de gestión pública, tras recordar los dos concursos fallidos para la puesta en marcha del servicio de préstamo de bicis en 2013 y 2014 -el primero por renuncia de su adjudicatario y el segundo por la quiebra del gestor-, y lo incardina a la estrategia de Movilidad Sostenible, que se había marcado contar en 2026 con más de un millar de vehículos de movilidad personal, contando tanto bicicletas, como sus versiones eléctricas, y patinetas.

En estos momentos, los dos sistemas de movilidad están englobados bajo el aplicativo Moxsi, desde donde se puede alquilar alguna de las 767 bicicletas o las 88 patinetas que están disponibles en Las Palmas de Gran Canaria bajo la gestión de Sagulpa.

Un sistema deficitario

Desde el punto de vista económico, el sistema es deficitario. El coste bruto anual del servicio público de vehículos de movilidad personal en Las Palmas de Gran Canaria es de 1,6 millones de euros, de los que 1,02 millones corresponden a las bicicletas y el resto (582.152 euros), a las patinetas.

En cambio, los ingresos de explotación entre ambos sistemas solo llega a 522.326 euros, es decir, la aportación de los usuarios de la Sítycleta y la Sítyneta solo cubren el 33% del coste total.

Esto arroja unas pérdidas contables de 1,08 millones de euros al año y un déficit de tesorería final de 914.097 euros anuales. De ellos, 544.353 euros de pérdidas proceden de la Sítycleta; y 360.744 euros, de la Sítyneta.

«El equilibrio económico del servicio de vehículos de movilidad personal, dependerá de la evolución de la demanda del mismo, pero dada la experiencia general, los sistemas de movilidad son deficitarios ya que cumplen con otros objetivos relacionados con la movilidad de la ciudad y la salud de los usuarios», detalla el informe económico del servicio, «por tanto, será necesario el establecimiento de una partida presupuestaria creada al efecto por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de al menos 914.097,15 euros que cubra el desfase de tesorería previsto y que se modifique cada año según el nivel de la cuenta de resultados del servicio».

A eso habría que añadir las inversiones para la renovación de los vehículos cuando se cumpla su vida útil.

Estación de Sítyneta en la Avenida Marítima. Juan Carlos Alonso

El PP alerta del coste económico y defiende la gestión privada, como en Santa Cruz de Tenerife

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Jimena Delgado-Taramona, exige al Ayuntamiento que tome medidas inmediatas para cumplir con la sentencia que anula la creación del servicio de alquiler de patinetes eléctricos, Sítyneta.

«Aún no sabemos cuánto dinero costará a los bolsillos de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria la decisión arbitraria (e ilegal según sentencia firme) del concejal de Movilidad» denuncia Delgado-Taramona.

El PP de Las Palmas de Gran Canaria insta al Ayuntamiento a que actúe con diligencia y transparencia en este asunto. «Exigimos que el Ayuntamiento no vuelva a cometer estos errores que socavan la credibilidad de la ciudad. Establecer el servicio de alquiler patinetes es una decisión que corresponde al Pleno» apunta Delgado-Taramona.

Ya en abril de 2022, los populares advertían sobre el riesgo de gastar dinero público en patinetas. «Desde el Partido Popular apostamos por un enfoque que permita la inversión privada, la competencia y la generación de empleo, que además redundan en un mejor servicio a precios más competitivos para los ciudadanos; en lugar de un modelo que dependa del dinero público, teniendo que mantenerlo incluso aquellos que no usan el servicio».

Esta solución también la ha aplicado Santa Cruz de Tenerife, en la que dos empresas han ganado el concurso para la implantación de este tipo de vehículo de movilidad personal. En esta ciudad están circulando más de 600 unidades y llegarán a 1.292 en unos pocos meses sin coste para el Ayuntamiento (la inversión la asumen las empresas ganadoras del concurso) ni para los residentes, puesto que el servicio es gratuito para los que estén empadronados.

En Las Palmas de Gran Canaria el costo que ha asumido la ciudad, solo para la implantación, ha sobrepasado los 600.000 euros, teniendo que abonar los residentes 60 euros al año.

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