Reconocen el delito y asumen penas de entre uno y dos años de prisión
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Los cuatro acusados falsificaron los documentos de 22 personas para pedir créditos con un valor total de 43.255 euros
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó ayer a cuatro personas acusadas de haber falsificado documentos con el objetivo de estafar a 22 personas contratando créditos y préstamos. Según el acuerdo de conformidad alcanzado con la fiscal Cecilia Acebal, Carolina Hoyos Suárez fue penada a dos años de prisión, Adrián Martín Quintana Corujo y Marcos Manuel Hernández Hernández a un año y seis meses y José Agustín Alonso Herrera a un año de cárcel en una sentencia firme.
Según el escrito de calificación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, los acusados, puestos de común acuerdo, llevaron a cabo todas las presuntas actividades ilegales por las que han sido condenados en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2013 a 2017.
LAS CANTIDADES
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43.255 euros estafaron los cuatro condenados de haber engañado a 22 personas contratando créditos y préstamos falsificando la documentación.
La fiscal Cecilia Acebal determinó y así fue ratificado por la Sala que los acusados se dedicaron a contratar préstamos y créditos a nombre de otras personas «sin su conocimiento ni consentimiento», usando para ello datos bancarios y documentos personales tales como DNI, certificados, nóminas... etcétera. También elaboraban estos documentos simulando su autenticidad para hacerse pasar por las personas con las que contactaban para estafar con el objeto de obtener créditos, préstamos o realizar compras de bienes o servicios a nombre de los afectados, que luego se veían en una situación comprometida cuando las entidades les reclamaban el pago de las cantidades obtenidas de forma ilegal.
Según expuso la acusación pública, los autores de este delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil deberían de indemnizar de forma solidaria entre sí a Evo Finance EFC SAU en 4.502,01 euros, a Pra Iberia SAU en 4.168,92, a NBQ Tecnology en 2.078,26, a Bankinter Consumer Finance en 1.382, a P10 Finance en 625, a Cashper en 200, a Cofidis en 19391,71, a BBVA en 665,66, a Oney Servicios Financieros en 318,27, a Primrose Partners en 530, a Cetelem en 8.496,19 y a Ferratum Bank S.A. en 900, cantidades que suman un montante total de 43.255 euros.
Estos aspectos fueron ratificados por el Tribunal que aceptó el acuerdo alcanzado entre la fiscal Cecilia Acebal y letrados como fue el caso de Juan Rafael Martín Hernández, todo ello confirmado por el reconocimiento de los hechos que llevaron a cabo los cuatro acusados en la vista oral.
