Ramírez dice que Alba «prostituyó la causa» y que nunca enmascaró los pagos de horas extra

Octava jornada del Juicio SIC, en imágenes

Por su parte, De Armas contradijo lo manifestado por Ramírez y afirmó «sin ambages» que pagar las horas extras como dietas formaba parte del ADN de esta empresa: «En todas las empresas que, entre comillas, Ramírez no gestionaba como Sinergias, Ralons etcétera, se seguía el mismo procedimiento. Había siempre dos pagos mensuales, las nóminas y las dietas», expuso el acusado.

Ramírez protagonizó un interrogatorio apoyado en numerosa documentación que utilizó para «acreditar» todo lo que quiso explicar al Tribunal. Aseveró que en Seguridad Integral Canaria se pagaban dietas por desplazamientos y kilometraje a los trabajadores según la naturaleza del servicio que iban a prestar y que también abonaban las horas extraordinarias que hacían hasta el máximo de 80 que establecía la ley: «Con la plantilla que teníamos cubríamos los servicios. Todos los trabajadores cobraron sus horas extras y si no era así, nos denunciaban y se las pagábamos. Se han pagado las horas extras que les pertenecían», declaró.

También puso en tela de juicio los informes elaborados por la Seguridad Social, en los cuales dijo que no concluyeron que los abonos que su empresa hacía a los trabajadores como dietas fueran en realidad horas extras, como así entienden las acusaciones. «Cuando un inspector de Hacienda hace bien su trabajo, que es lo que merezco en la Justicia, podía comprobar que no hemos cometido delito», espetó, a la vez que insistió que SIC «no debía dinero a nadie», mientras otras del sector mantienen deudas «multimillonarias» y se les reclama por vía administrativa y no penal. «Si la Seguridad Social no llega a reconocer que las horas extras se pagaban como dietas se les cae la causa», dijo.

Humo momentos de tensión entre el acusado y la fiscal Evangelina Ríos cuando el primero intentó aclarar cómo determinaba SIC el kilometraje de los vigilantes. Ramírez aseguró que se tomaba como referencia el domicilio fiscal de cada trabajador, a pesar de que «Hacienda nunca me solicitó esa información». La fiscal, por su parte, apuntó a cierta «indeterminación», puesto que la referencia debía ser «el lugar habitual del trabajo», además de que censuró la falta de colaboración de SIC a la hora de entregarles documentación, a lo que el empresario le respondió que era «increíble» que hablaran «de falta de información cuando se reconoció en la declaración del responsable de la empresa Freemática –encargada de la gestión de las finanzas de SIC– que tenían toda la información, no sólo la contable sino contratos, servicios, cuadrantes… Me llama la atención que me pregunten por qué no tuvieron la información. La tuvieron bajo amenaza del juez Alba que dijo que si no la entregábamos en 24 horas, iba a ordenar una entrada y registro en la empresa», declaró.

En este sentido, matizó que toda la documentación relativa a los años 2008 y 2009 la puso él mismo «a disposición del juzgado y de su señoría Rosell», porque en esos años él era el administrador, pero ella le dijo «que no la necesitaba». Una manifestación que las acusaciones apuntaron que no constaba en autos, aunque Ramírez dijo que fue «de forma verbal».

También defendió la gestión de De Armas, que le sucedió como administrador único en 2011, porque fue «un éxito», hasta el punto de que consiguió que Seguridad Integral Canaria se convirtiera en la quinta del país y le agradeció haber tenido «la brillante idea» de aprovechar la reforma laboral de Rajoy para descolgarse del convenio colectivo en España y dotar a la empresa de un acuerdo propio. También, que luego preparó un segundo convenio que se activó en cuanto el Supremo anuló el primero.

A preguntas de su letrado, aclaró que desde que De Armas era administrador «no tuvo firma en ninguna cuenta corriente» de SIC ni tampoco capacidad para hacer movimientos, que en las pólizas de crédito que firmó en 2011, 2012 y 2013 «figuraba solo como avalista», y tampoco puede haber correos firmados por él en la cuenta de esa empresa, cuyo dominio no utilizaba desde que la dejó.

Héctor de Armas, por su parte, protagonizó un interrogatorio intenso que basó en intentar acreditar que, durante su época como administrador de SIC, Ramírez seguía siendo el que manejaba la empresa. Insistió en que las dietas que se pagaban a los trabajadores correspondían a las horas extras «sin ambages» y era «algo conocido por todos», declaró mientras aclaraba que su testimonio no estaba contaminado: «No tengo ánimo de perjudicar a nadie pero tampoco puede ser que esto sea una maniobra de 'yo me quito de en medio' y aquí se queda el tonto».

De Armas expuso que Ramírez era «quien tomaba las decisiones y presidió todas las reuniones hasta 2017. Él daba las ordenes directa y expresamente».

En las dietas, aseguró, no solo incluía lo que se estimaba en este ámbito, sino que también era una «especie de gratificación» para ciertas personas que elegía Ramírez. «De ahí que hubiera cifras tan altas, que cobraban por ejemplo su padre o su primo. Se las daba a su núcleo duro», apuntó.

El acusado dijo que intentó dialogar sin éxito con Ramírez para sanear los pagos. «En ese minuto del partido yo tenía que haber venido a Fiscalía y denunciar ese hecho, pero no lo hice. Tenia 55 años, un infarto y dos hijos que sacar adelante. Tomé la decisión más difícil, que era reconducir la situación. Era una cuestión imposible y me costó el segundo y el tercer infarto, porque era parte del ADN de la empresa», relató.

La Fiscalía le cuestionó las cláusulas del contrato de compraventa de SIC donde se decía que De Armas tomaría todas las decisiones. Este aludió a una posible «traición» del redactor del documento, el abogado Sergio Armario. La abogada del acusado aludió a que Armario fue investigado por estos hechos, aunque no expuso que esa causa fue archivada.

«Ramírez despachaba con todo el mundo» y era el que «hacía y ejecutaba» en SIC, recalcó y añadido que le «duele humanamente que sin arrugar un músculo de la cara haya mentido». Según él, fue el propio Ramírez quien acordó con el comité de empresa, tanto el acuerdo de descuelgue del convenio como el segundo convenio propio que aprobó.