Quitar trabas a la vivienda vacacional

El Partido Popular propone eliminar los obstáculos impuestos a los pisos turísticos tras la modificación del Plan General. El PP presentará alegaciones contra esta medida y pide que antes de regular el sector se estudie en profundidad su impacto en la sociedad capitalina

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA

Propietarios de viviendas vacacionales respaldaron ayer la propuesta del Partido Popular de eliminar las trabas que el Plan General de Ordenación incorpora a estos negocios a raíz de su consideración como alojamientos turísticos, después de que el viernes pasado el grupo de gobierno aprobara una modificación del planeamiento en este sentido. Algunos de ellos, como Dolores Santamaría, Beatriz Macías o Javier de La Fuente certificaron que la aplicación de las condiciones establecidas en las ordenanzas de edificación a las viviendas vacacionales impedirá el mantenimiento de sus trabajos.

Se refieren a los condicionantes que obligan, cuando coinciden los pisos turísticos con el uso residencial en el mismo edificio, «a estar situados por debajo de la planta de viviendas, con independencia de éstas», así como a la exigencia de que «el acceso y salida de dichos locales se hará sin utilizar para ello escaleras, ascensores o portales de acceso a las viviendas».

Precisamente estas exigencias son las que el Partido Popular quiere eliminar ahora a través de las alegaciones que van a presentar dentro del plazo de exposición pública en que se encuentra el acuerdo plenario.

«Se trata de un serio error que esperamos que sea corregido por el grupo de gobierno», adelantó el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, «porque se pierde la oportunidad de adaptarse a una nueva tendencia turística por Internet, se pone en riesgo el futuro turístico de la ciudad, y se generan daños a la economía y a la generación de empleo».

Se refiere no solo a la pervivencia de la mayoría de los 1.300 negocios que están contabilizados en la ciudad por la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) sino a todo el entramado económico que se monta a su alrededor.

«Restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados, terrazas, taxis, comercios, guías turísticos, actividades de ocio... Todos cuantos trabajan en estas actividades en nuestra ciudad se verían muy perjudicados con la medida que PSOE-Podemos-Nueva Canarias están intentando aplicar», lamentó Sabroso, «pero no sólo ellos, también los trabajadores de reformas, construcción, rehabilitación, decoración, venta de muebles, limpieza, mantenimiento, lavanderías, seguros, gestorías... El turismo es motor económico de nuestra tierra y no se le puede pegar un tiro directo al corazón como el tripartito pretende».

Dos son las propuestas que el Partido Popular incluirá en su escrito de alegaciones: por un lado, la mencionada eliminación de los condicionantes a la vivienda vacacional; y, en segundo lugar, el desarrollo de un estudio para «conocer la realidad de la vivienda vacacional» en el término municipal capitalino.

Grandes propietarios

Los propietarios y gestores de este tipo de pisos turísticos opinan que los requisitos que ahora se incorporan al Plan General de Ordenación solo beneficiarán a los grandes propietarios, que son capaces de destinar un edificio entero a viviendas vacacionales.

Este argumento también fue empleado por Ángel Sabroso, quien considera que la norma fulmina en torno al 90% del sector que está operativo en estos momentos en Las Palmas de Gran Canaria. «Quienes venían dando lecciones de estar al lado de las personas, fomentan con su regulación no solo la destrucción de los ingresos para quienes usan esta modalidad de alquiler como complemento de renta, para mejorar la jubilación o ayudar a pagar los estudios de sus hijos, sino que al mismo tiempo abren la puerta a que grandes patrimonios compren grandes edificios y se destinen a vivienda vacacional, o barrios con casas terreras como La Isleta o Vegueta se vean inmersos en una nueva burbuja inmobiliaria», expuso Sabroso.

El concejal lanzó ideas que podrían servir de base regulatoria del sector, como la de definir su uso en determinadas partes de la ciudad; favorecer su implantación en inmuebles protegidos para facilitar su conservación; o aplicar una nueva fiscalidad sobre estos negocios para mejorar los servicios turísticos de la ciudad.

Otro problema que han generado es que no se sabe si la aplicación de la norma tiene carácter retroactivo o no. «Pero en cualquier caso afecta al enorme potencial de crecimiento que tiene el sector», añadió el portavoz del PP en el Ayuntamiento.

Hay que recordar que, de acuerdo con los datos que maneja Ascav, «la vivienda vacacional genera más de cuatrocientos millones de euros en la ciudad y representa más del 46% de las plazas alojativas de Las Palmas de Gran Canaria».