Al menos 20 policías no pueden patrullar por la falta de un médico en el Ayuntamiento capitalino
Los agentes que logran el alta tras una baja médica larga no recuperan su arma porque no hay sanitarios que emitan un informe favorable
Al menos una veintena de policías locales que han estado de baja médica de larga duración y han recibido ya el alta no pueden incorporarse al servicio de patrullaje diario como consecuencia de que la devolución de su arma reglamentaria está bloqueada por la falta de un médico municipal que emita un informe favorable sobre sus condiciones, tal y como fija la norma autonómica.
El decreto 20/2020, de 5 de marzo, por el que se homogeneizan los medios técnicos y defensivos de las Policías Locales de Canarias, determina la obligación de realizar reconocimientos psicofísicos cada cuatro años y, de modo particular, cuando se reincorporen «al trabajo tras una ausencia continuada de más de cuatro meses por motivos de salud o de más de un año por otros motivos».
El decreto fija en los consistorios la obligación de realizar estos reconocimientos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria carece en la actualidad de servicio médico municipal. Tras la jubilación del antiguo doctor, el Consistorio contrató un nuevo gabinete que está formado por una médica, un enfermero y un administrativo. Sin embargo, desde hace casi medio año, los tres profesionales están de baja y estos puestos no han sido reemplazados, con lo que no puede prestarse este servicio.
Esto tiene consecuencias directas en el cuerpo de la Policía Local porque cuando un agente se reincorpora a su puesto de trabajo tras una baja de larga duración, aparte del certificado de alta, necesita de un informe positivo por parte del médico del Ayuntamiento para certificar que la persona es apta para recuperar el arma reglamentaria.
Como ya no hay médicos que puedan firmar este documento, la Policía Local se está encontrando con un número de agentes que, aunque tienen el alta médica, no pueden recuperar la pistola. Y este arma resulta necesaria para que estos policías puedan desarrollar labores de patrullaje en la vía pública porque así lo exige la normativa.
Una situación «puntual»
Desde el grupo municipal de gobierno se asegura que se trata de una «situación puntual que no afecta al servicio porque se han reubicado en otros servicios de manera planificada».
Además, aunque no se especifica la forma en que solucionará este problema, se informan de que «pasarán la revisión en las próximas semanas».
El Ayuntamiento calcula que el número de policías locales que se encuentran en esta situación son diecinueve, pero los sindicatos consideran que esta cifra está por debajo de la realidad. Tanto la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB), como UGT y CSIF consideran que la cifra puede rondar los treinta y que, de no solucionarse de manera rápida, podría seguir creciendo en los próximos meses.
A esta cifra hay que sumar todos aquellos agentes que se encuentran desempeñando labores administrativas (adecuación de puestos de trabajo) y que tampoco pueden salir a la calle porque no portan armas. En total, el número de agentes que no pueden patrullar en la ciudad ronda en estos momentos el medio centenar, de acuerdo a los datos de los sindicatos.
LABOR ADMINISTRATIVA
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12%. Es el porcentaje de agentes de la Policía Local que en estos momentos no puede realizar labores de patrullaje diario porque realizan labores administrativas y no tienen armas de fuego, que es obligatorio para hacerlo.
El secretario general de USPB, Víctor García, explicó que se ha estado tratando de buscar una solución pero todas las vías parecen estar condenadas al fracaso hasta que se aprueben los próximos presupuestos. «Propusimos a Recursos Humanos que firmara un convenio con el Gobierno de Canarias para que asumiera las inspecciones médicas pero respondieron que no podían asumirlo por la carga de trabajo que tenían», explicó.
Luego se planteó que se acordara con el Cabildo de Gran Canaria la realización de estos reconocimientos, «pero la respuesta fue que los servicios médicos del Cabildo no podían atender al personal de otras administraciones públicas, salvo que se formalizara por medio de un convenio».
Sin embargo, la fórmula del convenio requiere la fiscalización previa por parte de Intervención, lo que puede tardar meses.
Vista la situación, se ha llegado a poner sobre la mesa la posibilidad de externalizar el servicio a través de un contrato de emergencia, pero hay que esperar a que se aprueben los presupuestos municipales del próximo año, con lo que no se podrá hacer hasta abril o mayo.
Víctor García reclama la adopción de una solución urgente, que podría ir por la asunción del servicio por parte de la Inspección Médica del Servicio Canario de Salud; y, en paralelo, que se convoquen y cubran más plazas de médicos dentro de la plantilla del Ayuntamiento capitalino.
USPB denuncia que «la falta de efectivos en la vía pública no se puede permitir», máxime en un momento como el de las navidades, que es cuando se necesita un mayor número de agentes en las calles.
«Si tienes en cuenta que en el plan de seguridad y tráfico de Navidad hay veintinueve agentes menos, esto significa que hay catorce coches patrulla menos en la vía pública», añade Adrián Hernández, en representación de UGT.
Este sindicato critica además que estos trabajadores que esperan por la segunda inspección no están siendo aprovechados desde un punto de vista laboral. «Son como satélites orbitando alrededor de la jefatura», expone Hernández, quien cree que la solución va para largo. «Una vez que aprueben el presupuesto de 2023, luego hay que sacar a licitación el nuevo concurso», expuso.
Por su parte, el representante de CSIF en la Policía Local, Iván Jiménez, asegura que en estos momentos hay unos 80 policías que están en situación de baja laboral, con lo que el problema de la falta de efectivos para el patrullaje, una vez que obtengan el alta médica, se agravará en los próximos meses.
«En octubre intentaron hacer un contrato de obra menor pero ya no les da tiempo a incorporarlo al presupuesto y que Intervención fiscalice, con lo que hasta que no se apruebe el presupuesto nuevo, no pueden empezar a incoar el expediente, y eso no será hasta marzo o abril, con lo que hasta junio no se incorporarán los compañeros, que ya no serán 25 o 30», advirtió.
Además, los policías que están en esta situación no pueden hacer horas extra, ni cubrir el turno de noche, ni reforzar el servicio los fines de semana, con lo que pierden poder adquisitivo.
