Los policías les gritaron «inmigrantes de mierda» y que ellos eran «la autoridad»

El fiscal delegado de Odio, José Antonio Díez, determina en su acusación que Jerónimo J. L. B. y Josué A. T. H. cometieron los presuntos hechos que serán juzgados por la Audiencia Provincial de Las Palmas, durante la noche del 2 de febrero de 2021. Eran las 21.45 horas cuando los dos acusados caminaban juntos a la altura del cruce de las calles Secretario Artiles y Nicolás Estévanez, de la capital grancanaria, después de una tarde en la que habían consumido bebidas alcohólicas. Incluso, testigos presenciales aseguraron que iban por la calle bebiendo cervezas.

En un momento dado, los dos agentes fuera de servicio se cruzaron con un grupo de cuatro peatones que iban conversando entre sí y detectaron como uno de ellos tenía un marcado acento argentino. Fue en ese instante cuando, presuntamente, los dos acusados «de acuerdo entre sí, con la intención de ofender la dignidad de los extranjeros inmigrantes, humillando de palabra y obra a los que se encontrasen», según el fiscal, se dirigieron a él increpándole con expresiones tales como «¿tú qué haces en mi isla?» o «sudaca de mierda», refiriéndose al argentino. De la misma forma, le gritaron a otro de los transeúntes «moro» en tono despectivo ya que era bastante moreno, aunque en realidad había nacido en la isla y residía en la zona norte.

Tras estos insultos, describe la Fiscalía que los encausados comenzaron a «golpearles», pegándoles en la cabeza con manotazos y bofetones, a la vez que mientras lanzaban los golpes se identificaban «como policías, proclamándolo así de viva voz, y mostrando su placa profesional». Les gritaban «nosotros somos la autoridad», causando el «natural efecto de sometimiento en los ciudadanos por dicha invocación de su condición de policías», sostiene el Ministerio Público. En ese instante, otra de las personas que estaba en el grupo imploró a los policías «que cesaran en su agresión», cuando el acusado Jerónimo J. L. B. «le dio dos fuertes bofetadas y le agarró el dedo pulgar de la mano izquierda tirando de él violentamente hacia atrás».

Pero este suceso no acabó ahí. Tras estas supuestas agresiones, los acusados se dieron cuenta de que por la misma calle pasaba en ese instante una persona que «parecía ser extranjero», ya que atendía a un «aspecto asiático de piel oscura» y por ese motivo, se dirigieron los dos hacia él «movidos por el mismo ánimo» supuestamente racista y le gritaron «inmigrante de mierda», «vuélvete tu país» y «negro» en tono despectivo. Este último viandante era un ciudadano nepalí que estaba residiendo en Gran Canaria y que apenas hablaba español, por lo que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo y por ese motivo se «quedó quieto». Fue en ese instante cuando los acusados comenzaron «a darle golpes en la cabeza, bofetones y empujones, diciéndole también que eran policías, mostrando su placa policial, en el curso de la agresión». Las acusaciones particulares detallaron en sus escritos que a esta víctima nepalí le exclamaban «¡yo police!».

A los minutos y tras las llamadas al 113 que realizaron varios vecinos testigos de los hechos, llegaron a la zona patrullas de la Policía Nacional que intentaron «controlar dicha situación», pero les fue complicado ya que los acusados estaban «en un estado de gran violencia y agresividad», por lo que uno de los agentes se vio incluso obligado «a sacar su defensa». Al identificarse como agentes de la autoridad, solicitaron la presencia en el lugar de unidades de la propia Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria a la que pertenecen.

El fiscal delegado de la sección de Odio, José Antonio Díez considera que los dos policías locales que estaban fuera de servicio en el momento de los hechos, obraron de forma conjunta «y de común acuerdo» y que ocasionaron a las víctimas «además del natural sentimiento de menosprecio por el gratuito maltrato físico» dispensado por dos agentes de la autoridad, un nuevo agravio mayúsculo «por su condición de extranjeros».

Las acusaciones particulares interesaron las mismas penas privativas de libertad, de inhabilitación para ejercer como policías y multas, pero elevan las cantidades en concepto de indemnizaciones. En el caso de los tres primeros acusados se van a los 10.900 euros en total y en el nepalí representado por la letrada Idoia Mendizábal, interesa el pago a su cliente de 3.150 euros.